A primera hora de la mañana han comenzado las obras de demolición de las viviendas ilegales de Llucalcari. En concreto, un grupo de operarios del Ayuntamiento de Deià junto con el alcalde del municipio Jaume Crespí está desmontando a mano dos de los chalets, que fueron construidos en el año 1987 y denunciados por el GOB. Uno de ellos es propiedad de Alex Ball y el otro pertenece a una familia alemana. Las otras dos viviendas ilegales, una de ellas propiedad del escritor Fernando Schwartz, se demolerán a partir del mes de enero de 2011. El pasado 12 de noviembre el ayuntamiento firmó un protocolo de colaboración junto al Consell de Mallorca y el Govern para asumir económicamente las obras de demolición, pero debido a que la Conselleria de Obras Públicas aún no ha realizado los informes de intervención para aportar la cuantía acordada de 145.000 euros, correspondientes a la administración autonómica, y a raíz de la sentencia del TSJB obliga a proceder a la demolición, responsabilizando de ésta al Ayuntamiento de Deià y al alcalde, el consistorio se ve obligado a iniciar hoy lunes por cuenta propia las tareas de derribo de las casas de Llucalcari. A día de hoy, tanto el Ajuntament de Deià como el Consell de Mallorca sí que han realizado los trámites necesarios para poder contratar legalmente a la empresa que realizará la demolición (TRACSA), para que ésta proceda a la demolición dando así cumplimiento a la sentencia del TSJB. Las últimas notificaciones recibidas desde el TSJIB (de día 10 del presente,) tanto por el Ayuntamiento como por el alcalde, Jaume Crespí, obligan al consistorio y al primer edil del municipio a tomar la decisión de iniciar por cuenta propia ya que el juez da un plazo máximo de tres días que finaliza el martes 14 para certificar si las obras de derribo se han iniciado, al margen del convenio firmado con el Consell de Mallorca y el Govern, a la espera de que los jurídicos de la Conselleria de Obras Públicas vengan a bien emitir los informes favorables para que posteriormente sean elevados al Consell de Govern para proceder a la firma definitiva y aprobación de las partidas económicas de las tres administraciones. Todo ello, conlleva ahora un retraso que posibilita que el alcalde de Deià pueda ser acusado de desobediencia judicial, elevando el juez el caso ante el Tribunal Penal y Fiscalía, obligando a Jaume Crespí a pagar la multa de 600 euros semanales, según se establece en el auto del juez del pasado 27 octubre, el cual se apeló alegando el retraso en la firma de los convenios entre las tres administraciones públicas y la celebración de diversas reuniones con técnicos y jurídicos de las diferentes de éstas.
