La Guardia Civil y los fiscales anticorrupción proseguirán durante esta mañana y a lo largo del día con los interrogatorios en el marco de la segunda fase de la ‘Operación Ossifar’, que este miércoles se saldó con la detención de la que fuese jefa de un departamento presuntamente 'fantasma' de Emaya cuyos empleados se dedicaban a la labores de partido y a la captación de votos para Unió Mallorquina (UM), a pesar de estar a sueldo de la empresa municipal. Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la investigación, que han explicado que el departamento investigado era conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía. Según las pesquisas, nunca fue creado de forma oficial como tampoco disponía de presupuesto alguno, y en él trabajaban cinco empleados que en realidad eran agentes electorales de UM. Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos excepto su jefa, L.J.Z., quien tras ser detenida e interrogada quedó anoche en libertad con cargos. En concreto, sobre la arrestada pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Mientras tanto, también fue interrogada como imputada la consejera ejecutiva de la constructora Melchor Mascaró, Antonia Mascaró, quien fue inquirida por los investigadores en torno a contrataciones que obtuvo su empresa de forma presuntamente amañada. Unos hechos que habrían sucedido durante la etapa en la que Cristina Cerdó, cuya imputación no se descarta, presidía Emaya mientras por debajo se encontraba la exgerente Malen Tortella. Se da la circunstancia de que Cerdó ya se encuentra encausada en los casos Maquillaje y Picnic, que indaga de forma paralela un presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos a la captación de nuevos afiliados y futuros votantes de UM. El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el exjefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.
