El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Francesc Triay, ha asegurado en calidad de imputado ante el juez que instruye el ‘caso Mar Blau’ que en ningún momento participó en el presunto amaño del concurso convocado por la entidad marítima para la explotación de amarres en el Port de Maó y ha defendido la forma como se llevó a cabo la tramitación del proceso. Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, Triay ha recordado que la oferta que presentó Trapsayates, finalmente adjudicataria del concurso y propiedad entonces del ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, era la mejor posicionada en el concurso para conceder la gestión de los atraques, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Según las investigaciones, dos de los licitantes, el Club Marítimo de Maó y Trapsa, firmaron un contrato mediante el cual se alcanzaba un acuerdo a fin de que el primero, pese a haber quedado segundo en el concurso de amarres, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación. Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato. En cualquier caso, pese a estas negociaciones Trapsa resultó finalmente la ganadora del concurso, tras desestimar el recurso presentado por el Club Marítimo por el que solicitaba declarar nulo el concurso al considerar que las bases en las que se formularon las propuestas quedaron "totalmente desfasadas". Cabe recordar que durante aquel acto, Triay subrayó que se trataba "no de una decisión política", sino jurídica y administrativa, tras recordar que el pliego de bases y cláusulas de la convocatoria. Respecto a las empresas que concurrieron -Trapsa, Ocibar, Club Marítimo y Ribera del Puerto-, aseveró que todas cumplían los requisitos exigidos. En aquella rueda de prensa, el presidente de la APB ya fue preguntado por la conversación mantenida a principios de 2005 entre su antecesor, Joan Verger, y el director de Autoridad Portuaria, Ángel Matías, con el máximo responsable del club marítimo, Luis Barca, para buscar una solución al margen del proceso de adjudicación, reconoció que hubo un "exceso de actuación" por parte de Verger para propiciar que el Club Marítimo mantuviera en su poder la concesión de los amarres, que poseía desde 1991. "No ha sido una decisión fácil ni agradable", llegó a reconocer Triay sobre la adjudicación, e incidió en la importancia de haber desarrollado el concurso "cumpliendo la Ley". Respecto a la tardanza en ser fallada la convocatoria, recordó que llevaba en el cargo desde julio de 2007 y que Verger "no vio la posibilidad de llevarlo al Consejo de Administración". A su vez, negó haber recibido presiones políticas sino que, hasta darse a conocer el fallo, hizo "las consultas pertinentes a los representantes del Consejo".
