El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, ha sido interrogado en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, según ha podido confirmar mallorcadiario.com, y a donde ha acudido para declarar como imputado por la ‘operación Mar Blau', en la que se investigan concesiones presuntamente irregulares desde la APB. Hay otras cinco personas imputadas que también han sido llamadas para prestar declaración. No obstante, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional no prevé nuevos registros ni nuevas detenciones durante esta jornada, ya que este jueves se dedicará a analizar la información incautada en los distintos allanamientos llevados a cabo con el inicio de la Operación, llevados a cabo en la sede de la APB en Palma, las oficinas de Trapsa en el Puerto de Maó, las de esta empresa en la capital balear y un domicilio particular en esta ciudad. En concreto, en el marco de estas nuevas pesquisas se investiga la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la Autoridad Portuaria en el marco de estas adjudicaciones. La Operación continúa abierta y bajo secreto de sumario. Las investigaciones se centran, entre otras concesiones, en el presunto trato de favor que recibió la empresa Trapsa Yates, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán -presidente de la patronal CEOE- y su socio Gonzalo Pascual, en el concurso convocado para la gestión de los amarres del puerto de Maó, del que resultó ganadora en octubre de 2008. A raíz de esta concesión, Trapsa debía explotar los puntos de atraque durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora y una aportación de 600.000 euros al año a la Autoridad Portuaria por la explotación del dominio público portuario (frente a los 397.964 euros fijados en las bases del concurso). Sin embargo, las indagaciones apuntan a que la convocatoria, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre el ex presidente de la APB, Joan Verger, y el director de la entidad, Ángel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación. Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses, en relación con este nuevo caso de presunta corrupción, en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas. DÍAZ FERRÁN SERÁ CITADO EN LOS PRÓXIMO DÍAS Por otro lado, la Policía Nacional contempla tomar declaración, previsiblemente en próximos días, al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario de la empresa Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, en calidad de imputado dentro del nuevo caso de presunta corrupción conocido como Mar Blau, aunque su comparecencia prevé tener lugar en dependencias policiales de Madrid, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. Su citación se prevé como uno de los varios interrogatorios que el Grupo de Delincuencia Económica llevará a cabo durante varios días, tal y como han señalado las mismas fuentes. En concreto, vendría motivada por el trato de favor que habría recibido Trapsayates en la concesión de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación en la que se centran las pesquisas.
