El juez del ‘caso Faisán’, Pablo Ruz, ha comenzado a interrogar en secreto a parte de la cúpula del Ministerio del Interior entre el 2006 y el 2007 para conocer los contactos entre el Gobierno y ETA a fin de comprobar si, como aseguran documentos internos de la banda, enviados del Ejecutivo enmarcaron el soplo al aparato de extorsión en mayo del 2006 como gesto de buena voluntad en las negociaciones durante la tregua. Entre los responsables de Interior llamados a declarar estarían, según La Razón, el que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, que todavía lo es, y el general José Manuel García Varela, ya en excedencia, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, todavía destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario Telesforo Rubio. La declaración de Joan Mesquida, guardaría relación, según diversas fuentes, con la tarjeta de móvil que utilizaba cuando estaba en la cúpula de Interior. Los interrogatorios comenzaron la semana pasada y podrían prolongarse algunos días más. Según fuentes judiciales, el interés del juez en reinstruir el caso viene motivado por la comisión rogatoria de 645 folios que la jueza antiterrorista gala Laurence Levert remitió con las diligencias abiertas en Francia sobre la operación Faisán que dan cuenta de las llamadas actas de Thierry, que recogen el resumen de los encuentros entre ETA y Gobierno que hicieron los terroristas, incautadas al entonces jefe del aparato político, Francisco Javier López Peña, Thierry.
