Cristina Soro, ex administrativa y contable del Grupo Marxant, vinculado al empresario de la comunicación Jacinto Farrús, ha manifestado en calidad de testigo que esta mercantil pagó la fianza que otras empresas externas debían abonar si deseaban presentarse a un negociado convocado por el Instituto Balear de Turismo (Inestur) al que ya concurrían tres empresas de Farrús, lo que para la Fiscalía iba dirigido a dar una apariencia de concurrencia al concurso y simular de este modo que no sólo sociedades del empresario optaban a este proceso. Durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, encargada del ‘caso Voltor’, Soro ha explicado que fue Guillermo Bongiovanni, administrador de la empresa Torun Consulting -también vinculada a Farrús- quien le indicó que las empresas pertenecientes a Marxant pagarían las fianzas de entre 1.700 y 2.000 euros en efectivo, pese a que finalmente estos negociados de arte y cultura quedaron desiertos. Por ello, Bongiovanni (imputado en la causa) le dijo que las fianzas serían devueltas por el Inestur y para ello la empresa pública un número de cuenta para transferirlas. Tal y como ha apuntado, la fianza de las empresas externas -Digital Point, Antibala, Gestpamiba y Eurogestión- "se ponía por orden de Bongiovanni", quien "sacaba el dinero, me lo daba en efectivo y yo procedía al ingreso del mismo". No obstante, ignora, según ha apuntado, que Farrús tuviera conocimiento de estas prácticas, si bien "siempre me dio la sensación de que recibía órdenes de mis superiores y éstos de Farrús". La testigo ha señalado, en esta misma línea, que no le pareció extraño que se prestaran fianzas a nombre de otras empresas ya que el objeto del grupo era ayudar a otras mercantiles "en su resurgimiento económico". En cualquier caso, ha precisado que no recibió orden alguna en el sentido de que se presentaran distintas empresas para los diferentes negociados, a los que desde Marxant concurrieron Marketing Turístico, Ecosistem y Centiment. CHEQUE DE 7.000 EUROS CUYO DESTINO SE DESCONOCE Por otro lado, Soro ha sido inquirida por un cheque al portador de 7.000 euros que Bongiovanni le instó a que elaborase, lo que "extrañó" a la administrativa ya que no podía contabilizarlo en los libros correspondientes, como tampoco el administrador le dijo a qué iba a ser destinado el dinero. No obstante, ha explicado que el encausado le fue entregando progresivamente tickets de restaurantes así como por otros conceptos para ir justificando el destino de la partida y que se encuentra bajo investigación. AFIRMA QUE MARXANT CONTRATÓ A UNA MUJER COMO COMPENSACIÓN Finalmente, la ex contable ha declarado que una mujer fue contratada en el Grupo Marxant tras pedir trabajo al ex responsable económico del Inestur, Álvaro Llompart, a quien conoció "en una fiesta", lo que supuso, a juicio de la testigo, una compensación por la concesión a Torun de Arte y Cultura. "Todo esto lo sé porque me lo contó Fátima", ha manifestado en relación a la contratada, de quien ha defendido que "tenía formación y no era un florero". La comparecencia de la testigo ha tenido lugar en el marco de una de las piezas separadas del ‘caso Voltor’, que indaga si el empresario recibió un trato de favor por parte de la Administración pública mediante adjudicaciones presuntamente irregulares. De hecho, las investigaciones lo sitúan como "figura clave en el entramado" de concesiones realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Mientras tanto, las declaraciones se reanudarán el próximo jueves con el interrogatorio del ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, quien solicitó su comparecencia voluntaria en el marco de la pieza que investiga la transferencia presuntamente irregular desde el Inestur de 1,2 millones de euros públicos en una cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Banif. Tras formular esta petición, la magistrada reabrió la instrucción de este fleco, que ya había concluido, para poder tomarle declaración. Las pesquisas del ‘caso Voltor’ se centran en un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a personas afines a UM, y apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el 3 de febrero de 2010 por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
