El primer juicio del ‘caso Palma Arena ‘en el que están imputados, entre otros, el expresidente del Govern Jaume Matas, el periodista Antonio Alemany y otras tres personas ha quedado esta mañana visto para sentencia, después de que la jueza cediera a los acusados el turno a la última palabra, que sólo fue empleado por Alemany, el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, y el exjefe de prensa de Matas, Joan Martorell.
En concreto, Alemany ha expresado una queja, dado que, según ha señalado, en la función de la Fiscalía "no se incluye el insulto, ni el menosprecio al justiciable", algo que, según ha criticado, ha sufrido él por parte de los fiscales Anticorrupción.
En este sentido, ha considerado "doloroso y un cruel sarcasmo" que los fiscales le hayan acusado de "codicioso", al tiempo que ha proclamado su "absoluta inocencia y buen hacer en su actuación".
Por su parte, Martorell y Romero han utilizado el turno de última palabra para remarcar que en todo momento han dicho la verdad durante este juicio, que comenzó el pasado 9 de enero en el que también está acusada la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert.
El abogado defensor de Jaume Matas, quien ha rehusado hacer uso de su turno de palabra, ha solicitado su libre absolución al entender que no hay pruebas que sustenten la versión de la Fiscalía que ha calificado de “absurda”.
El juicio ha concluido después de que el pasado lunes, la Fiscalía Anticorrupciónmantuviera su petición inicial de ocho años y medio de cárcel y 26 años de inhabilitación para el expresidente del Govern, mientras que retiró sus acusaciones contra Linares, tras haber elevado a definitivas sus conclusiones en el marco del primer juicio del ‘caso Palma Arena’, que se centra en la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany y en las subvenciones fraudulentas que habría percibido por parte del Ejecutivo balear.
Otra de las novedades del escrito de acusación definitivo radica en la pena solicitada para Alemany, y es que la Fiscalíaha elevado su petición a siete años y tres meses de cárcel. Sin embargo, en el caso de que no se le sancione de forma conjunta por los delitos de falsedad que afectan a todas sus actuaciones, pide que sí se le impongan dos años y medio de cárcel por un delito de falsedad mercantil a raíz de su participación presuntamente delictiva en la subvención concedida a ABN.
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