El Ayuntamiento de Palma ha llevado las excavadoras a Son Banya por cuarta vez, para derribar las construcciones ilegales utilizadas como puntos de venta de droga. Se trata de una actuación necesaria y valiente. El mensaje que debe quedar claro es que la legalidad no se negocia; y mucho menos ante quienes desafían abiertamente al Estado de Derecho. Ni en Son Banya ni en ninguna parte.
El pulso que plantean los clanes que controlan el poblado, levantando una y otra vez casetas y estructuras sin permiso, con fines ilícitos, no es solo un problema urbanístico: es un desafío directo a las autoridades. Una muestra preocupante de cómo este enclave marginal pretende seguir indefinidamente al margen de las normas y del control institucional.
La legalidad no se negocia; y mucho menos ante quienes desafían abiertamente al Estado de Derecho. Ni en Son Banya ni en ninguna parte
La firmeza del consistorio presidido por el alcalde Jaime Martínez (PP) en seguir adelante con las demoliciones es loable, pero se requiere algo más que operativos puntuales. Es imprescindible un plan integral y sostenido que combine actuaciones urbanísticas, sociales y policiales. La persistencia con la que se reconstruyen estas casetas esconde una estrategia deliberada para perpetuar el tráfico de drogas en el poblado. Pero también persigue aumentar la presión sobre el Ayuntamiento para que acelere el desmantelamiento del ‘supermercado de la droga’ a través de la adjudicación de viviendas sociales a sus habitantes.
El Ayuntamiento debe seguir actuando tantas veces como sea necesario. No hacerlo enviaría un mensaje equivocado: que la impunidad es posible si se desafía con insistencia suficiente. Pero también es fundamental que otras administraciones se involucren. El problema de Son Banya no se resolverá solo con retroexcavadoras; hace falta una implicación coordinada de servicios sociales, Fuerzas de Seguridad y la Administración de Justicia.
La convivencia y la seguridad ciudadana dependen de que las normas se apliquen por igual para todos. Palma no puede permitirse barrios como Son Banya, donde la ley se relativiza o se ignora. Y donde los narcotraficantes se permiten el lujo de cometer sus delitos sin esconderse ni ocultarse.
