A Antoni Noguera le ha entrado el canguelo tan pronto como el juzgado ha resuelto a su favor la petición de Cort para proceder al desalojo del poblado de infraviviendas de Son Banya y, de momento, ya ha solicitado una prórroga, rezando para que ésta sea a divinis. Aunque la petición del ayuntamiento se efectuó ya en esta legislatura, parece ser que a los munícipes no se les pasó por la mollera que tarde o temprano el juzgado resolvería y que, por tanto, convenía aviar en la búsqueda de alojamientos sociales para los cientos personas que aún habitan allí. Total, que los han pillado. Lo divertido es que la concejal del ramo, Mercè Borràs, dice que no hay que preocuparse, que el proceso será cosa de tres años. Es decir, que lo que pretende esta tropa es que el desahucio lo lleve a cabo el PP, porque eso sí que lo tienen claro, en 2019 es muy poco probable que Més o Podemos gobiernen el municipio.
Es lo que tiene tener dos medioalcaldes, que el uno por el otro, la casa sin barrer, máxime cuando todas las energías del ayuntamiento están volcadas en demostraciones testiculares para que quede claro quién manda aquí, como ocurre con el tema -ya nauseabundo- del anunciado derribo del monumento de Sa Feixina.
Noguera sabe que juega con ventaja, porque aunque una gran mayoría de palmesanos se manifieste contraria a la demolición en cuanta encuesta ha sido publicada por los medios -pues no ha tenido lo que hay que tener para consultar a 'la gente' a la que supuestamente representa-, bien sabe que si finalmente lleva a cabo semejante patrimonicidio para demostrar al mundo lo progre que es, no contará más que con el desprecio de la mayor parte de la ciudadanía, pero auguro que nadie le hará un escrache. A lo sumo, cuatro frikis franquistas montarán un numerito que, además, el alcalde hábilmente usará para justificarse.
Pero en Son Banya este esquema no va a funcionarle. Para derribar las viviendas de quince familias gitanas se precisa algo más que el postureo de progresista de salón al que es tan aficionado, o que un informe ideológico a medida firmado por el ínclito Josep Quetglas para glosar las maravillas arquitectónicas del poblado. Porque aquí lo que de verdad va a necesitar el alcalde son ingentes dosis de valor político, máxime cuando los afectados ya le han hecho saber que de allí no se moverán. Y es comprensible que así sea, porque, por una parte, una porción nada despreciable de los habitantes del poblado vive del narcotráfico, monocultivo que mueve su economía y que lleva cada fin de semana miles de vehículos de 'clientes' payos a Son Banya. Y, para los demás, ajenos al mundo de las drogas, aquello es simplemente su casa, por penoso que nos pueda parecer a los demás semejante modus vivendi.
La dispersión anunciada va a fracasar porque encontrará oposición del vecindario en cualquier barriada de Palma que no cuente ya con una numerosa población calé y, lo que es más importante, topará con la de los propios gitanos afectados. Por tanto, hace bien el alcalde en tratar de diferir el desalojo a 2020, a ver si suena la flauta y le pasa el marrón a otro.
Y aunque muchos palmesanos lo desconozcan o lo ignoren, en nuestra ciudad siguen existiendo otros Son Banya, para los que el Pacte 3.0 no tiene pensada la más mínima medida social y de los que no habla por aquello de ver si conseguimos mantenernos toda la legislatura en una cómoda ignorancia ovina.
Se trata de los poblados chabolistas de Son Valentí -bajo el puente de la vía de cintura- y de los de las possessions de Son Fornari y Son Güells, junto al Estadio Balear, donde además se están acumulando montañas de basura y de escombros ante la indiferencia municipal.
Al votante de izquierdas le cuesta mucho entender que, tras más de dos años de gobierno supuestamente progresista en nuestra ciudad, isla y comunidad autónoma, Palma tenga aún que soportar la lacra social del chabolismo sin que se haya adoptado ni una sola medida para acabar con esta situación.
Eso sí, en lugar de adquirir vivienda social, Noguera urge a los contratistas a derribar cuanto antes el monolito a las víctimas del Baleares, aunque con el coste de tan magna actuación bien pudiera procurar cuatro o cinco alojamientos a quien los necesite con los que paliar la vergüenza que pretende traspasar a su sucesor sin que se note demasiado.
