El Ajuntament de Palma viene litigando desde hace tiempo para proceder al desalojo y posterior derribo de las infraviviendas del poblado de Son Banya, que casi cincuenta años después de su construcción como hogar, supuestamente provisional, de la población gitana que se hacinaba hasta mediados los sesenta en barracas en la zona de Can Pere Antoni, ya viene siendo hora. El procedimiento ha implicado, entre otras cosas, muchas horas de trabajo de los servicios jurídicos municipales –que pagamos todos los ciudadanos- y, se supone que también la búsqueda y el sesudo estudio de alternativas por los servicios sociales para reubicar a las personas que todavía residen allí en condiciones lamentables.
El proceso se hallaba en fase de ejecución, instada como es lógico por la propia administración. Pero hete aquí que cuando un juez de nuestro anquilosado, saturado y lento sistema judicial dicta por fin una resolución que permite al consistorio acometer el desalojo, a Hila y sus colegas les entra un enorme canguelo político –hay, increíblemente, posibles elecciones a la vista- y anuncian que eliminar Son Banya no es (ya) una prioridad, que todavía no tienen la más remota idea de dónde realojar a los ‘sonbanyenses’, que lo de la droga va a ser un problema (vaya novedad) y que, en cambio, lo que hay que hacer es cambiar todos los camiones de EMAYA. Como maniobra de distracción, brillante.
Bien cierto es que las fuerzas de seguridad seguirán prefiriendo tener controlado en un espacio acotado a gran parte del sucio negocio de la droga, pero como excusa para no hacer nada ésta es la más reaccionaria que una sociedad avanzada puede esgrimir para seguir manteniendo, a escasos metros de la puerta por la que acceden a la isla millones de turistas, tamaña evidencia de inutilidad de nuestros políticos y de nuestro fracaso en la integración de los gitanos.
Esta no es siquiera una cuestión ideológica, pues temo que el comportamiento de nuestro actual alcalde es idéntico al de alguno de sus predecesores. Por eso es necesario un compromiso firme, unánime, y la fijación de un plazo definitivo para que Son Banya vuelva a ser solo el nombre de una antigua possessió de Palma.
