El Tribunal Supremo ha dado un paso inesperado en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno de Sánchez. El organismo jurídico estudia si la medida choca con la normativa de la Unión Europea y, para averiguarlo, podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha abierto un trámite para escuchar a las partes implicadas antes de decidir si plantea una cuestión prejudicial al tribunal europeo. Es un movimiento que llama la atención porque el propio Supremo había rechazado en mayo paralizar la medida cuando lo pidieron, entre otros, las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y Vox. Entonces el tribunal consideró que no concurrían circunstancias que justificaran una suspensión inmediata. Ahora, sin embargo, la duda ha vuelto a abrirse.
Con este sorprendente movimiento, el Supremo también deja abierta —aunque sin adoptar ninguna decisión al respecto— la posibilidad de estudiar una suspensión cautelar de la regularización si encontrara argumentos suficientes para ello. Un escenario que, de materializarse, tendría consecuencias directas para más de un millón de personas que han presentado su solicitud.
UN DECRETO QUE DESBORDÓ LAS PREVISIONES
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros en abril, permite a personas en situación irregular obtener una autorización extraordinaria de residencia y trabajo, con un plazo máximo de resolución de tres meses desde la presentación de la solicitud. El plazo para solicitarla vence precisamente hoy, 30 de junio.
La respuesta ciudadana ha sido contundente. Colas y colas en las diferentes sedes de las administraciones públicas locales. Según diversas estimaciones sitúan ya por encima del millón el número de solicitudes registradas, duplicando con creces las cifras que el Gobierno de Pedro Sánchez manejaba cuando aprobó la medida. Una señal de la magnitud de la demanda de regularización que existe en España y que el propio Ejecutivo no anticipó en esa dimensión.
El Gobierno Central ha defendido reiteradamente que la norma responde a razones humanitarias, económicas y de integración social. Sin embargo, varias comunidades autónomas la recurrieron ante el Supremo -entre ellas Baleares- alegando que podría colisionar con el marco migratorio europeo. Son precisamente esos recursos los que han abierto el camino a este nuevo giro procesal.
QUÉ IMPLICA UNA CUESTIÓN PERJUDICIAL
Si finalmente el Supremo decide plantear la cuestión prejudicial, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien deba pronunciarse sobre si la regularización extraordinaria es compatible con el derecho comunitario. Este mecanismo permite a los tribunales nacionales solicitar una interpretación vinculante de la legislación europea cuando existen dudas razonables sobre su aplicación. La resolución del TJUE sería de obligado cumplimiento para España.
El proceso, no obstante, no es rápido. Las cuestiones prejudiciales pueden tardar meses, incluso años, en resolverse. Mientras tanto, y salvo que el Supremo decida una suspensión cautelar, el proceso de regularización continúa vigente y las solicitudes ya presentadas seguirán su tramitación ordinaria.
