El Govern balear ha acordado este viernes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto estatal que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y solicitar su suspensión cautelar por su impacto en los servicios públicos.
El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a impugnar este real decreto del Gobierno central al considerar que se ha tramitado sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una evaluación del impacto presupuestario.
En rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern, el portavoz autonómico, Antoni Costa, ha sostenido que la medida puede tener efectos inmediatos sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a menores, en un contexto de elevada presión migratoria en Baleares.
OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD
Costa ha considerado que la obligación y la "responsabilidad" del Ejecutivo liderado por Marga Prohens es recurrir este decreto y permitir que "se pronuncien las instancias judiciales".
"No compartimos los criterios por los cuales se lleva a cabo esta regularización extraordinaria, que supondrá un gran impacto sobre los servicios públicos de Baleares, que no recibirá ninguna compensación económica", ha argumentado.
“Lo volverán a pagar los ciudadanos de Baleares”, ha lamentado Costa, quien ha afirmado que, al igual que con el copago farmacéutico, la sensación es que “Sánchez invita y los ciudadanos pagan: esto es una deslealtad impropia que no podemos aceptar”, ha aseverado.
IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico que supondrá esta regularización es "muy significativo" y "sustancial", mientras que la aportación del Estado es de "cero euros adicionales", ha criticado el también conseller balear de Hacienda.
Según los informes confeccionados por las distintas consellerias, la regularización incrementará la demanda sobre estos servicios en una comunidad que ya presenta una fuerte tensión demográfica y recursos limitados, especialmente en el ámbito de la protección de menores, donde los dispositivos de acogida se encuentran saturados.
El Govern también critica la falta de datos por parte del Estado sobre el número de personas que podrían verse afectadas por este proceso, lo que dificulta realizar previsiones fiables sobre sus consecuencias sociales, económicas y administrativas.
Sobre la postura favorable de la patronal balear a esta regularización, Costa ha respondido que el Govern balear defiende el interés general de los ciudadanos y que cada colectivo es "libre" de expresar sus opiniones.
Una regularización extraordinaria tiene un "efecto directo" sobre el gasto público, además de suponer un "efecto llamada, es evidente", ha añadido.
EL SUPREMO RECHAZA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, algo que habían pedido Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
Así lo ha decidido este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según ha informado el alto tribunal, en una deliberación que ha durado más de tres horas después de escuchar a los recurrentes y a la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno.
Respecto a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia, el tribunal ha inadmitido "por falta de legitimación activa" sus recursos, por lo que no resuelven sus peticiones.
Sin embargo, sí que ha admitido la legitimación activa de Vox y de la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado su petición de suspensión cautelar del real decreto. El Supremo ha indicado que los autos serán notificados en los próximos días.
Fuentes de Hazte Oír han avanzado a Europa Press que recurrirán la decisión de la Sala, tanto el aspecto sobre la legitimación activa, como la denegación de la medida cautelar por el, a su juicio, "grave riesgo" que entraña no suspender cautelarmente la regularización extraordinaria.
"NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS"
En este sentido, la Abogacía del Estado ha defendido que "no se cumplen los requisitos" para la suspensión de la regularización, ya que ha advertido de que supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". También ha afirmado que, "en ningún caso", ninguno de los beneficiarios del procedimiento va a poder votar en las próximas elecciones.
Por otro lado, el letrado de Hazte Oír ha insistido en la suspensión del real decreto de regularización que, a su juicio, no tiene garantía jurídica "ninguna". Además, ha sostenido que el real decreto no puede ser contrario a la Ley de Extranjería, ya que, según ha explicado, el mismo no garantiza el control de antecedentes penales.
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE BENEFICIARIOS
El abogado del Estado ha dicho en la vista que un total de 549.596 migrantes han presentado ya solicitud al proceso extraordinario de regularización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará el próximo 30 de junio.
El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.
El Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo que suspender de forma cautelar el proceso que ha impulsado supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general".
"Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto", sostuvo en un escrito la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al que tuvo acesso Europa Press.
