En representación de los municipios, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha sido contundente: "Ayer se evidenció que esta regularización extraordinaria la aprueba el Gobierno de Sánchez, pero recae sobre la espalda de los ayuntamientos y de sus trabajadores, colapsando los servicios y poniendo en riesgo la atención a los vecindarios".
Los alcaldes han explicado que el primer día del proceso provocó "un alud de personas" en las oficinas municipales de atención ciudadana y servicios sociales para solicitar el certificado de vulnerabilidad, requisito necesario para la regularización. Esta situación se tradujo en largas colas, servicios desbordados y "una situación de caos absoluto en muchos ayuntamientos". Además, algunos consistorios llegaron a triplicar el número de llamadas telefónicas en sólo una jornada.
Según ha denunciado Llompart, "el Gobierno de España no sólo no había informado previamente a los ayuntamientos, sino que durante toda la jornada hubo una falta absoluta de instrucciones claras sobre el protocolo a seguir para emitir estos certificados". Esta desinformación generó aún más confusión, hasta el punto de que personas se desplazaron entre municipios pensando erróneamente que podían obtener el documento en cualquier ayuntamiento.
"El resultado es que cada ayuntamiento tuvo que gestionar la situación como pudo, con los trabajadores desbordados y al límite", ha añadido el alcalde de Marratxí. En muchos casos, los consistorios sólo pudieron registrar las solicitudes, aplazando la emisión de los certificados y acumulando citas para los próximos días, comprometiendo la atención a otras necesidades de los residentes.
PRESIÓN DEMOGRÁFICA
Los alcaldes han alertado también del contexto de presión demográfica que viven las Islas Baleares, con un incremento constante de población y el impacto de la inmigración irregular. En este sentido, han recordado que en los últimos cinco años han llegado cerca de 20.000 personas en situación irregular en las Islas, y que este año la cifra ha aumentado ya un 20% respecto al año anterior.
Ante esta situación, Llompart ha remarcado que "lo que quedó claro ayer es que esta regularización es insostenible para nuestros ayuntamientos, para nuestros pueblos y para el conjunto de las Islas Baleares".
Por todo ello, los alcaldes del PP han exigido la suspensión inmediata del proceso: "Pedimos la paralización de esta regularización extraordinaria por su absoluta falta de previsión y planificación, por haberla descargado sobre los ayuntamientos y para evitar que se comprometa la atención a nuestros vecindarios", ha afirmado.
Por último, han defendido un modelo migratorio basado en el orden y la capacidad de integración: "La inmigración debe ser legal, ordenada y adaptada a la realidad de nuestras islas. Lo que debe hacer el Gobierno de España es reforzar los mecanismos ordinarios de Extranjería, porque ha quedado demostrado que esta regularización masiva es una irresponsabilidad que, no podemos asumir".
