El coste de la insularidad es uno de los obstáculos con que se encuentran los sectores económicos de Balears y también los ciudadanos y ciudadanos que viven en el archipiélago. La competitividad de las empresas se resiente gravemente y se hace del todo imposible que puedan competir en igualdad de condiciones que las empresas establecidas en territorio peninsular e incluso en suelo continental de la Unión Europea. Todo se encarece por mor del transporte, ya sean las materias primas necesarias para producir, ya sean los productos fabricados en Balears que se destinan a la exportación. Nadie se escapa: ni los productos agrícolas, ni el comercio, ni la industria, ni el sector servicios.
Esta evidente desventaja, tantas veces denunciada y tantas veces desatendida por el Gobierno central y por las instituciones europeas, colisiona con la teórica libertad de circulación de personas y mercancías, y con el libre mercado que propugna la Unión Europea y la Constitución Española. El Régimen Especial de Baleares (REB) debiera articular mecanismos que permitan compensar el coste de la insularidad, pero se trata de papel mojado. El nuevo Govern que preside la socialista Francina Armengol lanzó hace algunos meses la propuesta al Gobierno central para sustituir el descuento de residente que alcanza al 50% del precio del billete marítimo o aéreo (un 25% sufragado por el Govern y otro 25% por el Estado), por una tarifa plana para los vuelos interislas que se establezca en 30 euros por trayecto.
Hasta ahora el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho el menor caso a esta propuesta que fue explicada por el director general de Puertos y Aeropuertos del Govern, Xavier Ramis, a los partidos integrantes del Pacto a finales de septiembre, por lo que ahora estas formaciones políticas que dan apoyo al Govern han registrado una proposición de Ley en el Parlament para modificar el REB y permitir así la tarifa plana aérea. Esta es una iniciativa muy adecuada y justa para intentar que Madrid comprenda que la economía balear necesita medidas compensatorias del hecho insular, especialmente en el ámbito del transporte. Medidas que también debieran contemplar descuento por el transporte entre islas de vehículos, que ahora no se encuentra bonificado y que supone un agravio con respecto a los ciudadanos peninsulares, que pueden desplazarse por todo el territorio nacional con sus vehículos sin tener que asumir costes añadidos por ello, contrariamente a lo que sucede con los ciudadanos de Balears.
