El Gobierno ha movido ficha con rapidez tras el terremoto provocado por la condena de Álvaro García Ortiz y ha optado por un perfil técnico: Teresa Peramato, fiscal de larga trayectoria y especializada en violencia contra la mujer. La propuesta ya ha sido remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá emitir un informe —no vinculante— antes de que Peramato comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso y, finalmente, sea nombrada oficialmente por el Rey.
La decisión llega tras un periodo de máxima tensión institucional. García Ortiz presentó su renuncia después de que el Tribunal Supremo confirmase su inhabilitación por filtrar datos reservados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo necesitaba un relevo inmediato que rebajase el incendio político y restaurase la imagen de la Fiscalía, seriamente dañada tras la condena.
Peramato no es una desconocida en la casa. Con más de tres décadas de servicio, ha sido Fiscala Delegada de Violencia sobre la Mujer y, desde 2021, Fiscala de Sala especializada en esta materia. Su reputación es la de una profesional rigurosa, alejada del ruido mediático y con buena consideración entre sus colegas de carrera, lo que el Gobierno intenta traducir en un mensaje: la Fiscalía vuelve a manos de una jurista con acreditado perfil técnico.
El nombramiento, sin embargo, no evitará el debate de fondo: la autonomía real del Ministerio Público respecto al Gobierno. El Ejecutivo insiste en que la elección responde a criterios profesionales, pero la oposición ya ha anunciado que examinará con lupa la designación y que considera imprescindible reformar el sistema para garantizar una auténtica independencia de la Fiscalía frente al poder político.
