La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles, desde primera hora de la mañana, en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz de Madrid. Faltaban pocos minutos para las 20.45 horas, cuando los agentes han abandonado la sede federal socialistas tras 12 horas de trabajo para recopilar documentación.
Comentar que los cinco vehículos salieron a la calle en dirección prohibida para evitar a una treintena de manifestantes que esperaban en la esquina con Marqués de Urquijo. Además, la Policía Nacional había reforzado el dispositivo de seguridad con siete furgones.
Los agentes han acudido por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, para entregar un requerimiento de información a los responsables de gerencia del partido en el marco del denominado caso SEPI, en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.
La presencia de la UCO en Ferraz no ha constituido un registro al uso, sino la entrega formal de un requerimiento judicial. No obstante, las mismas fuentes han señalado que están pendientes otras acciones por orden del juzgado en otros puntos de España, cuya naturaleza dependerá del resultado de esta primera diligencia en la sede socialista.
PEDRAZ IMPUTA A CERDÁN, LA GERENTE DEL PSOE Y ZARRÍAS
La jornada ha deparado además una decisión judicial de enorme calado: el juez Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. El magistrado también ha ordenado que los agentes se personen en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Igualmente ha sido declarado investigado el empresario Javier Pérez Dolset.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez investiga, entre otras cuestiones, si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
700.000 EUROS EN PRESUNTAS COMISIONES
La investigación se centra en presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. Pedraz asumió las pesquisas en diciembre de 2025 tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y vinculado a Cerdán. Según la UCO, los tres habrían cobrado 700.000 euros en comisiones en cinco operaciones presuntamente vinculadas a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. La causa permanece bajo secreto de sumario, prorrogado a principios de este mes por un mes más.
En el caso de Zarrías, ya había declarado en otra investigación sobre Leire Díez en los juzgados de Plaza de Castilla, donde explicó que contrató a la exmilitante socialista para investigar una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la causa de los ERE andaluces, llegando a abonarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses.
LA UCO EN LA SEDE DE LA GUARDIA CIVIL POR UNA POSIBLE FILTRACIÓN
La ofensiva judicial del magistrado no ha terminado ahí. Pedraz ha ordenado este mismo miércoles a agentes de la UCO acudir a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para reclamar el expediente de una investigación interna relacionada con una posible filtración de información vinculada a la causa.
LEIRE DÍEZ, OTRA NUEVA CAUSA
La figura de Leire Díez ha concentrado una especial atención judicial. Además de su implicación en el caso SEPI, la exmilitante socialista tiene abierta otra causa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por presuntamente haber intentado desprestigiar al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a varios fiscales Anticorrupción, entre ellos su máximo responsable, Alejandro Luzón, a quienes se habría tratado de desacreditar por su labor investigadora sobre el PSOE.
UN CERCO JUDICIAL QUE ASFIXIA A SÁNCHEZ
La operación se ha sumado esta semana a la investigación que ha salpicado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo caso ha estallado en los últimos días y ha añadido una nueva capa de presión sobre el Ejecutivo.
El panorama para Pedro Sánchez se ha vuelto asfixiante. El presidente del Gobierno ve cómo el cerco judicial se cierra progresivamente a su alrededor hasta alcanzar a su círculo más íntimo y de mayor confianza. Su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, están en el foco de los tribunales. A ellos se suma dos de sus ex pilares orgánicos: el exministro José Luis Ábalos, cuya trama ha sacudido los cimientos del partido, y el exdiputado Santos Cerdán, señalado por su papel en presuntas negociaciones irregulares.
Se trata de un círculo cada vez más estrecho que estrangula, semana tras semana, la credibilidad y la estabilidad del Gobierno. Un goteo de causas judiciales que convierte la legislatura en una carrera de obstáculos permanente y que pone en cuestión, de forma creciente, la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.
FEIJOÓ EXIGE ELECCIONES ANTICIPADAS
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado con contundencia tras conocerse la noticia. A su llegada al Congreso de los Diputados, el dirigente popular ha afirmado que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata", en alusión a la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Feijóo ha asegurado que hará "todo lo posible" para cambiar el actual Gobierno y ha apelado a los socios del Ejecutivo para que retiren su respaldo a un Ejecutivo que, según sus palabras, "apesta". El presidente del PP ha lanzado una ráfaga de preguntas retóricas ante los medios congregados en los pasillos del Parlamento: "¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?", apuntando a una sucesión de escándalos que, a su juicio, hacen insostenible la continuidad del Gobierno.
