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Una mala práctica con las toallitas que cuesta millones

martes 17 de abril de 2018, 22:00h

Por intrascendente que parezca, la mala práctica de muchos ciudadanos de arrojar las toallitas al inodoro se ha convertido en uno de los más costosos problemas para los responsables del saneamiento y depuración de aguas de nuestras ciudades. Sólo en Palma, durante el último año, los operarios de Emaya han tenido que retirar cerca de mil toneladas de restos de toallitas que han ido provocando reiteradamente obstrucciones en la red de depuración.

La empresa municipal ha cuantificado en 400.000 euros el coste anual de las reparaciones, sin contar las horas de trabajo empleadas por sus operarios para resolver los tapones que diariamente se producen en sus instalaciones. En todo caso, la dimensión real del problema bien puede calibrarse con la cifra de las casi tres toneladas retiradas cada día, un trabajo extra que conlleva limpieza de filtros, sustitución de piezas, recogida de los residuos y transporte a la incineradora; unas tareas que obligan a desviar recursos materiales y humanos que se restan de la actividad principal de la empresa que es limpiar la ciudad y asegurar su abastecimiento de agua.

El problema en Mallorca atañe principalmente a los grandes municipios. Calvià, Manacor, Pollença y, sobre todo, Palma se enfrentan a un problema en el que la acción de los ciudadanos es fundamental. Es posible que la mayoría de los que arrojan toallitas al inodoro (o bastoncillos, o discos de algodón, o productos de higiene femenina...) no conozcan el daño que producen. Por ello resulta fundamental concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene una práctica correcta para la salud del medio ambiente y de las cuentas públicas.

Los municipios afectados han iniciado una campaña de escasa repercusión mediante la distribución de pegatinas en los locales municipales alertando del problema. Una campaña a todas luces insuficiente y de poca incidencia real ante el mayúsculo problema que la mala práctica ciudadana conlleva.

Los municipios afectados, especialmente el de Palma, deberían, por una parte, exigir al Govern que incluya el tema en la nueva ley de resíduos que está elaborando y que parece dar más importancia a los botellines de agua o las cápsulas de café. Y, por otra, acometer una campaña de concienciación de gran alcance, con medios y acciones que pudieran llegar a todos los ciudadanos y que ahorraría miles de euros cada año a las arcas municipales. Que nadie pudiera decir que desconoce el problema que un gesto aparentemente tan intrascendente supone.


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