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Violencias

martes 22 de octubre de 2019, 05:00h

La violencia solo suele generar más violencia y no soluciona nada o, si lo hace, es solo por la fuerza de la imposición y suele dejar unas secuelas que acaban conduciendo, más pronto que tarde, a nuevos problemas y más violencia.

La violencia protagonizada esta semana pasada en Barcelona y otras ciudades catalanas por grupos de jóvenes independentistas, y también por otros de procedencia y propósitos dudosos, es condenable en sí misma y por sus consecuencias, pero no es la única violencia que se ha ejercido estos días en Catalunya y, por tanto, no es la única condenable.

El ministro del interior del gobierno español, el Sr. Grande Marlaska, ha hecho unas declaraciones muy altisonantes, en las que hablaba de la violencia de los manifestantes y su intolerable alteración del orden público y de la convivencia pacífica, con el consiguiente deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero ha denominado la violencia policial como “proporcionada”. Cabe preguntarse si la agresión brutal por la espalda de un policía a una ciudadana que se alejaba caminando es proporcionada. Si las cargas brutales contra ciudadanos indefensos es proporcionada. Si el uso indiscriminado de pelotas de goma o de foam y dejar tuertos a cuatro ciudadanos es proporcionada. Si golpear con saña en la cabeza o en el tórax es proporcionada. Si lanzar furgonetas policiales a toda velocidad contra personas es proporcionada. Si atropellar a un ciudadano y bajarse los policías de la furgoneta no para atenderlo, sino para apalear a su acompañante, es proporcionada. Es un curioso sentido de la proporcionalidad.

Hizo referencia el señor ministro a la agresión a una periodista, que, por supuesto, es absolutamente condenable, manifestando que era una intolerable agresión a la libertad fundamental de información, pero no ha dicho una palabra de las agresiones múltiples de policías a periodistas, incluyendo la detención de un fotoperiodista del diario El País. Quizás sea que al señor ministro solo le preocupa la libertad de información de la violencia de los manifestantes, pero no la libertad de información de la violencia policial.

En ese mismo sentido es significativo que los grandes diarios que se editan en Madrid, tampoco hacen mención a las agresiones a periodistas por parte de la policía. De hecho, El País no ha dicho nada de la detención de su propio fotorreportero. Será por aquello de “no dejes que la realidad te fastidie una noticia”, o en este caso, “no dejes que la realidad te fastidie la línea editorial”.

También amenazó el señor Grande Marlaska con aplicar el código penal a los manifestantes. Teniendo en cuenta que el código penal lo aplican los jueces, parece que el ministro del interior está confesando que no hay separación de poderes, que el ejecutivo y el judicial son solo uno y que uno actúa al dictado del otro. Parece que el estado español está dispuesto a sacrificar incluso la separación de poderes, a fin combatir el independentismo y de preservar la sagrada (y provechosa) unidad de la patria.

La anulación, o laminación, de derechos y libertades fundamentales que desde hace años venimos padeciendo por parte del estado español todos los ciudadanos, ley mordaza, limitación de la libre expresión, de la libertad de manifestación, etc., está llegando al paroxismo con la represión del independentismo catalán y está resultando en una involución de las libertades políticas y de la propia arquitectura institucional del estado español. Se atenta a la libertad de debate de los parlamentos, el tribunal constitucional decide sobre que se puede y que no se puede debatir y amenaza al presidente y a la mesa del parlament con consecuencias penales. El estado de las autonomías se destruye por la vía de recursos constantes al tribunal constitucional contra cualquier ley o decreto del gobierno catalán, que conculca de hecho la capacidad de autogobierno y el ejercicio de las competencias estatutarias y constitucionales.

Estos últimos días se ha producido varios ejemplos de esta involución democrática en el estado español, algunos de ellos realmente llamativos por ridículos, como el hecho de que la presidenta de la comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, del PP, ha propuesto prohibir en Madrid manifestaciones en contra de la sentencia del supremo o a favor de Catalunya, o el señor Alberto Rivera, diciendo que quiere ser presidente para meter en prisión a los líderes independentistas, en otro ejemplo de ataque a la separación de poderes, ya que, en una democracia, quien encarcela a ciudadanos, se supone, son los jueces. Los presidentes encarcelan a ciudadanos en las dictaduras. Quizás es que el Sr. Rivera tiene aspiraciones de llegar a ser, no presidente, sino dictador.

Todo esto también es violencia, violencia institucional. Y lo peor es que no se vislumbra ninguna solución a corto y medio plazo, sobre todo porque no hay estos momentos líderes políticos capaces de tener sentido de estado, altura de miras y pensar más allá de sus mezquinos intereses personales a corto plazo. El panorama político está, por desgracia, dominado por la mediocridad, la incompetencia, la miseria intelectual y la inanidad moral.

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