El próximo domingo tendremos la ocasión de expresar nuestra opinión, en forma de voto a aquella formación política que consideremos más adecuada, o menos inadecuada, para representarnos en nuestro ayuntamiento, en el Consell insular y en el Parlament balear.
Han pasado 35 años desde la transición política y parece que hemos llegado a una encrucijada de fin de trayecto. Con el tiempo han aflorado todas las equivocaciones, los desaciertos y las insuficiencias de la tan alabada transición democrática. Aparte del fraude básico que supuso colarnos la monarquía poniéndonos en la tesitura de votar sí o no a una constitución que consagraba la restauración planificada por la dictadura, la transición nos trajo una ley electoral que beneficia descaradamente a los dos grandes partidos, beneficio incrementado por la distribución territorial del voto por provincias y el reparto falsamente proporcional de escaños, adulterado por la nefasta ley d’Hondt y el requerimiento de alcanzar un voto mínimo del 5 %, lo que no ha sido obstáculo para que PP y PSOE, con cinismo simpar, se hayan quejado en las escasísimas ocasiones en que el sistema no les ha beneficiado y nos hayan amenazado, en aras del bien supuestamente superior de la estabilidad, con modificaciones electorales que aun les beneficiarían más, como dar un plus de parlamentarios a la lista más votada, o que fuera alcalde el cabeza de la lista más votada en las elecciones municipales.
Lo que no dicen es que ello va frontalmente en contra del sistema que ellos mismos establecieron, que es el de un democracia parlamentaria representativa, en la que los ciudadanos no elegimos presidentes ni alcaldes, sino parlamentarios y concejales votando listas cerradas y son después estos representantes los que eligen presidentes y alcaldes. Este sistema beneficia a los partidos políticos, ya que les permite un férreo control sobre sus cargos electos, puesto que es el partido el que elige quien va en las listas y en que puesto, así que, como ya dijo el inefable Alfonso Guerra: “el que se mueve, no sale en la foto”. Ello lleva al espectáculo penoso de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y concejales de los grandes ayuntamientos votando como borreguitos lo que indica con el brazo levantado el jefe del grupo, espectáculo que viene repitiéndose con insólita constancia desde hace 35 años. En las contadísimas ocasiones en que alguien osa emitir un voto discrepante del que ordena su partido, la consecuencia suele ser el ostracismo definitivo o la expulsión.
Lo que la apelación continua que los políticos de los grandes partidos hacen a la estabilidad esconde es que, en realidad, no aspiran a gobernar, sino a mandar y para ello necesitan mayorías absolutas o cercanas a absolutas. Esa es también la razón de su alergia a los pactos y a las coaliciones y de sus ataques a los gobiernos surgidos de coaliciones y pactos entre varias fuerzas políticas distintas, a las que acusan de inestables, de ser ollas de grillos, etc. Pero la realidad es que las mayorías absolutas no son, por desgracia, garantía de estabilidad, como hemos visto esta legislatura autonómica, en la que el gobierno del PP, con mayoría absolutísima, ha tenido tres consellers de salut, otros tres de educación y otros múltiples cambios en otras conselleries y en los segundos niveles de la administración. Ha habido pocos gobiernos más inestables que el de estos últimos cuatro años.
Además, como suele pasar cuando se acumula demasiado poder y no existen contrapesos suficientes, ha aparecido la corrupción. Pero no solo la corrupción económica, que parece que es la que más preocupa a los ciudadanos. Es mucho más preocupante la corrupción institucional, la ocupación de todas las instancias de poder, la anulación de los mecanismos de contrapoder, el control de la fiscalía, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, del defensor del Pueblo y, en definitiva, la laminación del estado de derecho al hacerse el poder ejecutivo con el dominio de todas las instancias institucionales.
A los ciudadanos no nos convienen las mayorías absolutas, muy al contrario, los gobiernos de coalición, que tienen que consensuar entre diferentes opciones, son mucho más provechosos, incluso aunque surjan episodios periódicos de reajuste, lógicos cuando el pacto es necesario para desarrollar los proyectos comunes.
El desgaste de los dos grandes partidos es evidente y, probablemente, ha llegado el fin de las mayorías absolutas porque han aparecido nuevos, o no tan nuevos, partidos, que desafían la hegemonía de los hasta ahora omnipotentes PP y PSOE, aunque no debe olvidarse que ambos tienen una base de votantes fieles muy sólida y que, por tanto, tienen un mínimo garantizado que será seguramente superior a lo que obtengan los recién llegados. Ante la oferta que se nos presenta para estas elecciones, conviene meditar quien ha de merecer nuestro voto.
Personalmente, descarto a PP y PSOE por su mal gobierno y su corrupción. No me fio de las opciones políticas surgidas de operaciones mediáticas, supuestamente democráticas e incluso asamblearias, pero en las que, en realidad, las decisiones las toma una reducida camarilla de dirigentes. Considero que esta comunidad nuestra lleva muchos años siendo maltratada por los gobiernos centrales y, a veces, también por los propios gobiernos autonómicos. Necesitamos un mejor tratamiento fiscal, una financiación adecuada, un régimen especial auténtico, unos precios decentes para los vuelos interislas, una mejor conectividad, solucionar el problema de los desplazados de las islas menores a Mallorca por cuestiones de asistencia sanitaria o de estudios y tantas políticas sociales y del estado del bienestar que sería prolijo enumerar, pero todo se reduce a una condición sine que non : una mejor financiación que nos iguale a la media estatal.
Creo que solo las fuerzas políticas genuinamente baleares, que no tengan ninguna dependencia de los partidos estatales, pueden garantizar el esfuerzo perseverante necesario en las negociaciones con la administración central para conseguir esta mejor financiación, para poder desarrollar los proyectos que necesitamos en esta comunidad insular. En las circunstancias actuales me inclino por la apuesta centrista, moderada, equilibrada, inequívocamente balear y transversal d’El Pi, Proposta per les Illes.
