Vox debe dejar de obstaculizar el cambio exigido por los ciudadanos hace dos años

Han transcurrido dos años desde que los ciudadanos de Baleares votaron por un cambio político en las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 28 de mayo de 2023. Las urnas sentenciaron que las formaciones de izquierdas, que venían gobernando en coalición desde 2015, debían abandonar el poder y pasar a la oposición.

El centro derecha superó holgadamente a los partidos de izquierdas, por lo que el mensaje democrático estaba claro y no admitía discusión. La alternancia se abrió camino y PP y Vox debían alcanzar acuerdos para gobernar los siguientes cuatro años de forma distinta.

El Partido Popular fue la fuerza más votada en las principales instituciones y a esta formación correspondió liderar el proceso de cambio. Se negoción con Vox, la fuerza más afín ideológicamente, pese a sus planteamientos radicales y centralistas. Se alcanzaron acuerdos y se hicieron públicos, para que la ciudadanía confiase en que los nuevos gobernantes cumplirían con sus promesas y compromisos, implementando las reformas necesarias para cambiar el rumbo político, tras ocho años de gobiernos del Pacte.

Marga Prohens logró ser investida presidenta del Govern, con un Ejecutivo íntegramente del PP. A cambio, la presidencia del Parlament para Vox, con Gabriel Le Senne y un pacto programático de 110 medidas a ejecutar durante la legislatura.

Dos años después, ese mandato de cambio se encuentra estancado, no por falta de voluntad del Ejecutivo, sino por la actitud obstruccionista de Vox y, en particular, de su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, quien, cumpliendo órdenes de la dirección nacional comandada por Santiago Abascal, dio por roto su pacto programático por razones que nada tienen que ver con el PP de Baleares.

Dos años después, ese mandato de cambio se encuentra estancado por la actitud obstruccionista de Vox y, en particular, de su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas

Desde entonces, el PP gobierna en solitario con las dificultades que cabe suponer. La más importante de ellas, la prórroga de las cuentas públicas. Cañadas ha condicionado su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025 a la imposición de sus obsesiones ideológicas, principalmente en materia lingüística.

Además, el centralismo de Vox hace que la negociación sobre el más mínimo asunto deba ser bendecido por la dirección nacional, lo que complica aún más la ya endiablada situación. Así, el bloqueo de los presupuestos por parte de Vox impide que el cambio prometido y demandado por los votantes, pueda convertirse en real y al nivel que la situación requiere. Al contrario, se obstaculiza con exigencias alejadas de las demandas de la ciudadanía y que podrían causar problemas mayores.

La irresponsabilidad de Cañadas no termina ahí. Su colaboración con el PSOE para frenar iniciativas del Govern, demuestra que su objetivo no es el bienestar de los ciudadanos, sino la imposición de su agenda ideológica, incluso a costa de paralizar la acción del Govern en asuntos clave, como la ejecución de proyectos a financiar con el impuesto turístico.

Esta situación es especialmente grave en un contexto donde la ciudadanía demanda soluciones efectivas a problemas reales como la vivienda, la sanidad y la dependencia. El bloqueo presupuestario de Vox impide avanzar, dejando a Baleares en una situación de parálisis que traiciona la voluntad expresada en las urnas.

La responsabilidad de Cañadas se pone de manifiesto aún más, si se compara su actitud con el resto de líderes de Vox en las instituciones donde gobiernan con el PP, como el Consell de Mallorca y ayuntamientos como Calvià, Marratxí o Alcúdia.

Es imperativo que Vox reconsidere su postura en el Parlament y que priorice el interés general sobre las imposiciones ideológicas. Solo así se podrá cumplir con el mandato de cambio que los ciudadanos de Baleares expresaron hace dos años.