El Govern ha iniciado los trámites para que el catalán sólo sea un mérito, y no un requisito como hasta ahora, para trabajar en la Administración Pública, con dos excepciones: los profesores y los funcionarios que están cara al público. Y se ha armado la de Dios. Los sindicatos han salido raudos y veloces a decir que éste es el “atentado más grave contra la lengua catalana desde la democracia. Y se han quedado tan anchos. Les recuerdo a unos y a otros que la medida del Ejecutivo de Bauzá es fruto de una promesa electoral, que tiene su raíces en el talibanismo lingüístico de unos y otros y que originó un serio conflicto en la sanidad balear, en el mismo momento en el que se exigió a médicos y enfermeros el título de catalán B para seguir en su puesto, plazo incluido para que se lo pudieran sacar, lo que, en la práctica, supone una desincentivación para todos los que no siendo de autonomías de lengua catalana se planteasen venir a Baleares a trabajar, especialmente en el caso de Ibiza y Menorca, y que de hacerlo, antes de que venciese el plazo para obtener un título que no obliga a atender al enfermo en catalán, intentasen salir por piernas. Esta exigencia fue el detonante de una conflictividad que no existía y de la que nace esta medida que ahora impulsa Bauzá.
