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¿Y ahora qué?

miércoles 24 de julio de 2013, 07:53h
El 21 de marzo del año pasado, al día siguiente de conocerse la sentencia que condenaba al ex presidente del Govern de les Illes Balears Jaume Matas a 6 años de prisión, leíamos en la prensa adjetivos que calificaban aquel veredicto como “ejemplarizante”, “riguroso” y “difícil de desarmar”. Incluso el veterano abogado Rafael Perera, quien fuera abogado defensor y amigo personal de Jaume Matas, llegó al extremo de vaticinar que sería “sumamente difícil” que el Tribunal Supremo aceptase el recurso de casación anunciado por el abogado de Matas, Antonio Alberca, ya que se trataba de un texto “muy bien construido y argumentado”. Sobre la entonces presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y ponente de la sentencia, la magistrada Margarita Beltrán, Perera dijo que “conoce muy bien su oficio y ha redactado una sentencia que acota los hechos desde el punto de vista práctico y jurídico”. Han transcurrido poco más de un año y cuatro meses y la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha tumbado aquella de la Audiencia Provincial que algunos recibieron tan elogiosamente, quizás porque les satisfacía en términos políticos mucho más de lo que aportaba en términos jurídicos. Suponía el encarcelamiento de Jaume Matas, quien fuera presidente del Govern durante dos legislaturas, por una buena temporada. El líder del PP que huyó a América tras no conseguir el Govern a pesar de haber ganado las elecciones y faltarle unos pocos cientos de votos para tener mayoría absoluta. Alberca afirma ahora que era “absoluta y absurdamente desproporcionada” y que así lo ha sabido ver el Alto Tribunal. Los magistrados del Supremo afirman que de ningún modo puede sostenerse que hubiese prevaricación, esto es que se hubiera dictado por una autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria. Mucho menos que Matas hubiese inducido a nadie a prevaricar. Y que ni siquiera concurren los elementos jurídicos de tal delito en los hechos probados. Tampoco hubo fraude a la administración porque no hubo engaño para perjudicar a la administración. “Podrá existir una irregularidad administrativa e incluso otra figura delictiva distinta”, afirma la sentencia del Supremo. Tampoco hubo falsedad en documento público porque Joan Martorell, director general de Comunicación del Govern, no faltó a la verdad al emitir sus informes. Y tampoco hubo falsedad en documento mercantil porque las facturas no son falsas ni inveraces. De todos los delitos por los que Matas fue acusado, solo uno persiste a juicio de los magistrados del Tribunal Supremo: el tráfico de influencias. Matas “utilizó su autoridad jerárquica para presionar al Sr. Martorell” para que la Agencia Balear de Noticias consiguiera una subvención de 450.000 euros, por lo cual le condena a 9 meses y un día de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación especial por cuatro años y medio. De la acusación inicial a lo que realmente sucedió media un abismo. Los magistrados de la Audiencia Provincial se están ganando a pulso la fama de ligereza al condenar. Muchas condenas de cara a la galería, con aplauso general del público asistente al espectáculo, pero con escasas pruebas. Muchas interpretaciones subjetivas y muchas suposiciones, pero nada de eso sirve para enviar a alguien a la cárcel. Mucho seguidismo de las tesis de la Fiscalía y poca imparcialidad y rigor en la valoración de las pruebas aportadas. Matas engrosa la lista de ex presidentes autonómicos condenados: el de Navarra entre 1984-1991, Gabriel Urralburu (PSOE); el de Aragón entre 1993 y 1995, José Marco (PSOE); y el de Cantabria entre 1987 y 1995, Juan Hormaechea (UPCA). Otros fueron juzgados pero resultaron absueltos, como Gabriel Cañellas, que lo fue por haber prescrito el delito juzgado. Matas se libra de la cárcel por el momento. La ciudadanía está ávida de sangre de políticos, banqueros y poderosos. Los enemigos de Matas están contrariados e incendian las redes sociales. Pero de momento habrán de conformarse con ver cómo su retrato es descolgado de la capella del Consolat como se ha aprestado a hacer el actual Govern, que ha salido derrotado de este pleito porque suscribió íntegramente las tesis del Ministerio Fiscal. Matas perderá los “honores y atenciones protocolarias”, pero para desgracia de quienes querrían verle en la cárcel, con un pijama de rayas y cargado de grilletes, eso aún tardará en acontecer si es que algún día sucede. Está claro que no será por encargar a Antonio Alemany la redacción de sus discursos. Y está por ver que lo vaya a ser por el enriquecerse ilícitamente por el sobrecoste del Palma Arena, aunque ya nadie recuerde que fue aquella la acusación inicial que hubo contra Matas. Se ha hecho creer a la ciudadanía a Matas metió la mano en la caja, que se llevó el dinero en carretillas, que con él compró su piso de la calle San Felio y las lujosas escobillas del váter. Su famoso imperativo reflexivo: “Hágase” ha sido descrito como una forma de hacer arbitraria y caprichosa. Pero de momento nadie ha podido probar que Matas haya robado ni un euro para su propio beneficio. ¿Y ahora qué? Ahora nada, porque el daño en la imagen de Matas está hecho y es irreparable. Y porque sus enemigos políticos seguirán denostándole como si nada hubiese sucedido, como si no hubiese Tribunal Supremo y como si los delitos no hubiese que probarlos. Como si no viviésemos en un Estado de Derecho y como si el gran tribunal fuese twitter, convertido en la manifestación de la voluntad popular.      

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