Catalunya ha hablado y lo ha hecho con contundencia. Un 77,4% del electorado se ha movilizado en estas elecciones, algo que por desgracia no pasa cada día. De hecho, son las elecciones autonómicas con mayor participación de toda la historia de la democracia. Y eso debe tenerse en cuenta.
Una vez conocidos los resultados de las votaciones, la resaca de la noche electoral deja varias lecturas posibles. Quienes negaban el carácter plebiscitario de estas elecciones autonómicas consideran ahora que el resultado es una derrota del independentismo dado que, a pesar de la mayoría absoluta en escaños, los votos de Junts pel Sí y CUP no llegan al 50%. Por tanto, defienden que se trata de una derrota del desafío plebiscitario de Artur Mas. En cambio, quienes defendían que se trataba de un plebiscito se refugian en la aritmética de los escaños conseguidos para reafirmar su victoria.
Opiniones al margen, lo cierto es que la opción "pro-independentismo" ha conseguido la mayoría absoluta, ajustada, pero absoluta al fin y al cabo. Eso da legitimidad a Artur Mas para continuar con su proceso hacia la independencia. Los datos están ahí: Junts pel Sí y CUP suman un total de 1.952.482 votos y aumentan en 271.630 los votos conseguidos por CIU+ERC+CUP en 2012, entonces obtuvieron 1.734.852 apoyos. También superan los apoyos conseguidos en el "No Referendum" del 9N ( con 1.861.753 votos a favor del Sí/Si).
A todo esto hay que añadir que muchos votos de las demás listas también demandan mejoras en el autogobierno catalán. De hecho, Lluís Rabell, líder de Catalunya Sí que es Pot ha señalado que se sienten "inconfundiblemente comprometidos con el derecho a decidir" y tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias se han expresado a favor del estado federal y la autodeterminación pactada con el estado, respectivamente.
Así pues, se abre ahora (o ya después de las generales de diciembre porque nadie se mojará hasta entonces) un ineludible proceso de diálogo, porque lo que es evidente es que 2 millones de catalanes demandan claramente la independencia (probablemente ya hayan tocado techo) y otros muchos no verían con malos ojos una revisión del nivel de autodeterminación. El Gobierno no puede hacer oídos sordos al resultado y seguir negando el problema. Porque el problema, con o sin plebiscito, sigue estando ahí.
