La jueza pide al TSJIB que investigue a Penalva y Subirán ante indicios de delito

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, la juez Carmen Abrines, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la causa para investigar al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán, al apreciar indicios de delitos de prevaricación, revelación de secretos y deslealtad profesional y detención ilegal presuntamente cometidos cuando estaban al frente de la instrucción del 'caso Cursach'.

Con este trámite, Abrines da traslado al TSJIB de la causa, al tratarse el juez y el fiscal -actualmente de baja- de aforados. La pieza también incluye como investigados a cuatro policías nacionales y la testigo protegida número 31 del 'caso Cursach'. En la exposición razonada, Abrines rechaza los delitos de coacciones a testigos y organización criminal que les imputaban las acusaciones.

La magistrada ha dado este paso después de analizar las conversaciones de un grupo de 'whatsapp' en el que participaban tres de los policías nacionales, el juez y el fiscal, y tomar declaración a los investigados no aforados.

A los funcionarios se les imputa un delito de revelación de secretos al considerarles el origen de las noticias aparecidas en prensa sobre la macrocausa de corrupción policial, en fase de investigación.

En cuanto a la detención ilegal y prevaricación, se refiere al un auto de prisión dictado en enero de 2017, contra el empresario Antoni Roig y otros investigados, en el marco del 'caso IME'.

Según los atestados, la adopción de la prisión se habría realizado "de modo intencionadamente lento" y el delito se basaría en "la generación deliberada e injustificada, por parte de los integrantes del grupo de WhatsApp, de circunstancias en las que poder basar la medida cautelar".

RECHAZA OTROS DELITOS

Por otro lado, Abrines no aprecia la existencia de delitos de organización criminal y coacciones a testigos que les imputaban las acusaciones -entre ellas, el empresario Bartolomé Cursach y una asociación integrada por policías locales investigados en la macrocausa que dirigieron Penalva y Subirán-.

En relación al delito de organización criminal, la magistrada considera que el grupo de Whatsapp "era esencialmente un grupo de trabajo". "El hecho de que, en un momento determinado, presuntamente se hayan podido cometer un hecho delictivo que habrá que acreditar en fase posterior, no permite entender que estamos ante un grupo criminal en sentido propio", concluye.

Respecto a las presuntas coacciones a testigos, la magistrada no aprecia "ni intimidación, ni coacción, ni inducción a ningún falseamiento de la realidad".

En este apartado, Abrines también hace referencia a una grabación clandestina que realizó la testigo protegida número 31 en el despacho de Penalva y Subirán. En ella, la testigo manifestó que estaba alterada y desanimada y decía que no podía más, y el magistrado y el fiscal intentaron animarla para que no se venga abajo, según recoge Abrines en su exposición, que entiende que "los términos y vocabulario allí utilizados son ajenos a una manipulación de testigos".

TERCERA VEZ QUE LA CAUSA LLEGA AL TSJIB

Ésta es la tercera vez que la causa para investigar a Penalva y Subirán llega al TSJIB. Las dos anteriores fueron remitidas por el juez Miguel Florit, actualmente a la espera de juicio por presunta prevaricación por haber ordenado, al inicio de la investigación, el rastreo de llamadas de periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca' y la incautación de sus móviles.

El TSJIB devolvió la causa las dos primeras ocasiones, una porque faltaba la exposición razonada y otra porque no se había agotado el plazo de audiencia para que las partes pudieran pronunciarse.