El Juzgado número uno de lo Contencioso Administrativo de Palma ha condenado al Ib-Salut a indemnizar con 100.000 euros a los hijos de una paciente que sufrió un retraso diagnóstico de dos años, por falta de medios, de un tumor y que al final terminó falleciendo. La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. La denuncia ha sido tramitada por los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, a quien el tribunal ha dado la razón, dado que reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la asistencia que se prestó a M.T.S., por parte del Servicio de Salud de las Islas Baleares, como consecuencia “de una demora excesiva, y retraso en el diagnóstico, desde la objetivación de la adenopatía axilar que sufría en julio de 2002, y que por la ginecóloga de su centro de atención primaria que la trataba no se indicó la necesidad de realizar pruebas diagnósticas complementarias consistentes en una resonancia magnética nuclear mamaria y una punción PAAF o biopsia quirúrgica de la adenopatía con el fin de llegar a un diagnóstico de certeza de benignidad o malignidad.”. El retraso en el diagnóstico por falta de medios a disposición de la paciente ha sido reconocido por la Administración sanitaria, si bien alega que el tratamiento debía ser el mismo en julio de 2002, que cuando fue operada en el Hospital de Can Misses con posterioridad, en abril de 2004, por lo que la indemnización debía ser de 10.976 Euros, correspondientes a una parte de la baja, y sin reconocer “cantidad alguna en concepto de daños físicos, cicatrices derivadas de la intervención en el pecho afectado, daño moral e incapacidad absoluta derivada del avance de la enfermedad”. El juzgado, sin aceptar la cantidad solicitada por los demandantes, ha concedido la cantidad final de 100.000 euros a los herederos de la perjudicada, ya que en el transcurso de la tramitación del procedimiento la reclamante falleció en octubre de 2008, a la edad de 50 años, por lo que sus hijos han sido quienes la han sucedido en el procedimiento judicial. “A pesar de que la espera ha sido larga hasta tener la primera resolución, la Compañía Zurich, que no comparte la cuantificación señalada en la sentencia, ha procedido a recurrirla al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, lo que supondrá más retraso en la resolución definitiva del daño sufrido por la familia”, según pone de manifiesto la asociación. La defensa del caso ha sido llevada por el letrado José Aznar Cortijo, especialista en derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente.
