En la segunda reunión del Consell de Alcaldes, en la que han participado el presidente del Consell de Ibiza y los cinco alcaldes de la isla, Rafael Ruiz, Vicent Marí, Josep Marí Ribas, Josep Tur y Antoni Marí, se ha acordado aumentar la coordinación entre las instituciones de la isla para hacer frente a los problemas de descontrol que sufre Ibiza en verano. Concretamente, los presentes se han referido a los problemas de intrusismo en el transporte terrestre y marítimo, el problema de los fondeos incontrolados de embarcaciones y los abusos en el litoral, como la saturación de hamacas en las playas.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, ha destacado el acuerdo para "colaborar al máximo" y hacer frente a los problemas de transporte ilegal, los conocidos como "taxis pirata". Para combatir este fenómeno, Consell y Ayuntamientos requerirán el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "La preocupación es de todos. Vemos este descontrol, sobre todo en la temporada alta, y debemos tomar las medidas y coordinarnos mucho mejor", ha asegurado Torres.
Las actividades ilegales también se dan en el transporte marítimo, ha asegurado el presidente insular. Así, entre los acuerdos que se han adoptado está también el de trabajar conjuntamente para establecer fórmulas de regulación de los fondeos de embarcaciones y los "abusos" en las playas, con concesionarios que incumplen el número de hamacas y el espacio que tienen asignado . Para Torres, las playas "no pueden ser un espacio excluyente para las personas que quieren poner la toalla".
En la reunión, el presidente del Consell también ha expuesto a los alcaldes la decisión del nuevo gobierno insular de "retomar el proyecto de sa Coma". Vicent Torres les ha explicado que el nuevo gobierno revisará los usos del espacio, educativos, deportivos y de servicios de emergencias, que deben convertirse en unas instalaciones "de todos" los municipios.
Presidente y alcaldes también han estado de acuerdo en desbloquear el proyecto de centro de baja y media exigencia del Gorg. Sin embargo, antes que nada se hará un estudio jurídico y financiero, ya que la Ley estatal de Racionalización de la Administración Local, aprobada en 2013, que recorta las competencias de las administraciones, podría ser un impedimento para el desarrollo de este proyecto
