La iniciativa de los residentes de caravanas en Son Hugo para constituirse en asociación de vecinos es sintomática de una crisis estructural que Palma no ha sido capaz de gestionar de forma adecuada hasta que el problema ha sido demasiado grande. Lo que comenzó siendo una solución individual —aparcar un vehículo y dormir en él— se ha convertido en un fenómeno social que ya ocupa más de la mitad del aparcamiento de un polideportivo municipal y aglutina a unas 150 personas. Pero el problema es mucho mayor, porque podría haber entre 300 y 500 personas viviendo de esa forma tan precaria.
Pero no confundamos términos. Una caravana no es un domicilio. Por mucho que sus ocupantes trabajen y coticen, el vehículo sobre ruedas no equivale a una vivienda ni debería ser tratado como tal ante la ley y la administración. El reconocimiento de una asociación de vecinos tiene sentido cuando hay un espacio urbano consolidado, con obligaciones fiscales y comunitarias claras —IBI, tasa de basura, ciudadanos empadronados y censados— y no un improvisado asentamiento de emergencia.
Por mucho que sus ocupantes trabajen y coticen, el vehículo sobre ruedas no equivale a una vivienda ni debería ser tratado como tal ante la ley y la administración
La exigencia de equiparación de derechos en estos términos diluye la noción misma de “vecindad” y abre una puerta peligrosa a reivindicaciones que la legislación urbanística y de convivencia no contempla.
No cabe duda de que la génesis del problema no está en Son Hugo, sino en el fracaso de las políticas de vivienda en Palma. Precios desbocados, alquileres inasequibles y una oferta pública insignificante han convertido en desesperación lo que debería ser una transición temporal. Que personas con empleo recurran a vivir en un vehículo es un síntoma de colapso social.
El Ayuntamiento debe actuar para garantizar derechos básicos de todos los ciudadanos, independientemente de si viven en una casa o en un vehículo, pero sin invadir la normativa urbanística ni legitimar realidades que la ciudad no puede absorber como barrios.
Ayuda social, soluciones habitacionales reales y ordenación del espacio público, sí. Pero asociaciones de vecinos que no son tales, no.
