Los incombustibles fiscales anticorrupción tienen previsto pedir una fianza millonaria a las empresas que realizaban el servicio de recogida de residuos para reciclar y que, supuestamente, facturaron más de lo que en realidad recogieron. La fianza, en total, supera los 3 millones de euros. Increíblemente, estas empresas siguen al frente de la concesión y no hay noticias de que el Consell haya decidido convocar un nuevo concurso. Yo no sé si los fiscales anticorrupción son conscientes de la situación económica que vivimos, pero la fianza que se solicita es un auténtico despropósito por varios motivos. En primer lugar, las empresas pactaron un precio por la concesión. Segundo, fueron los ayuntamientos los que decidieron contratar un servicio para hacer el mismo trabajo y que, finalmente, supuso una reducción del volumen de basura que se recogía. En tercer lugar, los que finalmente decidieron el dinero que había que pagar fueron políticos y funcionarios. Por lo tanto, ¿a qué viene ahora responsabilizar de esta supuesta anomalía, si realmente existe, a las empresas? Con la que está cayendo, dudo mucho que empresas con un mínimo de seriedad quieran instalarse en Mallorca, pero lo peor será que las que dan trabajo a muchos mallorquines prefieran marcharse de aquí, que sería lo más normal en estas circunstancias.
