El Gobierno ha vuelto a acordarse de los autónomos. No para agradecerles que mantengan en pie lo poco que aún funciona en este país, sino para subirles, una vez más, las cuotas. En 2026, pagar más será “solidario”, “justo” y, por supuesto, “progresista”. La palabra mágica con la que se bendicen todos los sablazos.
Mientras se exprime a quienes madrugan, arriesgan y producen, el Estado sigue ampliando su zoológico de observatorios, directorios y centros de nombres grandilocuentes y funciones inexistentes. Son las modernas agencias de colocación para los fieles del partido, donde se cobra sin trabajar y se asciende sin mérito. Cada semana nace un nuevo “Instituto para la Innovación Social Inclusiva” o un “Observatorio del Bienestar Digital Transversal”, templos del enchufe donde el único talento requerido es la obediencia. Todo con perspectiva de género, faltaría más.
A la vez, se anuncian con tono mesiánico nuevas subidas de pensiones. No por sostenibilidad, sino por rentabilidad electoral. Los pensionistas votan; los autónomos cotizan y callan. Así se equilibra el sistema: unos cobran con aplausos, otros pagan con resignación, y el Gobierno se proclama campeón de la justicia social mientras reparte dinero que no tiene.
Pero lo más triste no es el abuso, sino la indiferencia. Porque mientras suben las cuotas, se multiplican los impuestos y se asfixia a quienes levantan el país, los españoles no salen a la calle. No hay protestas, no hay rabia. Al contrario: nos damos el lujo de hacer huelgas por guerras a miles de kilómetros, de indignarnos por causas ajenas mientras nos despluman en casa.
España se ha convertido en el país donde los que producen son castigados y los que parasitan son premiados. Y cuando todo se tambalea, el Gobierno reacciona creando otro observatorio o sacando un nuevo comodín con el que diluir sus fechorías; ya sea el aborto, Franco o Palestina.
