"Baleares se ha convertido en la comunidad autónoma más cara de España. Ningún policía o guardia civil quiere venir destinado a un lugar donde sabe que se va a dejar entre el 70 y el 8 por ciento de su sueldo en un alquiler. Además, en muchos casos no les queda más remedio que compartir vivienda. Los que vienen obligados, en cuanto pueden, se marchan". Son palabras de José Gregorio Barajas, portavoz de Unión de Guardias Civiles y de la plataforma Insularidad Digna, formada por 21 organizaciones de trabajadores estatales destinados en Baleares, recogidas por diferentes medios en los últimos días, sobre el hecho de que nuestras islas se hayan convertido en un destino indeseado para venir a trabajar para las personas dependientes de la administración central y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Sindicado Unificado de Policía (SUP) informaba que se había publicado el listado provisional de movimiento entre plantillas a nivel nacional y quedaban vacantes cerca de 300 plazas para las tres islas donde están destinados los policías nacionales en Baleares. Por ejemplo, en el caso de Ibiza, de una plantilla de unos 300 funcionarios, quedan cerca de 90 plazas vacantes.
En pocos años, nuestra comunidad ha pasado de ser un lugar con cierto atractivo para desarrollar su trabajo para muchos funcionarios del Estado a convertirse en un lugar incómodo, al que muy pocos quieren venir y, si no les queda más remedio, lo hacen como estación de paso, descontando los días para trasladarse a otro destino que les permita rentabilizar mejor sus nóminas. Baleares se ha convertido en un territorio inhóspito para trabajar, no porque no exista oferta laboral, que la hay, sino porque la carestía de la vida y el acceso a una vivienda a un precio asequible donde morar ahuyentan a cualquiera.
En las últimas semanas, los medios de comunicación se han hecho eco de la estrambótica situación de policías o guardias civiles durmiendo en coches o furgonetas, ante la falta de vivienda a un precio razonable, que no le obligue a destinar tres cuartas partes de su salario al alquiler de un piso normalito. La otra opción es compartir piso con otros compañeros, como si de estudiantes universitarios se tratara, compartiendo incluso habitación, para así pagar menos y poder llegar a final de mes.
En las Illes Balears hay unos 4.000 funcionarios del Estado, que viven claramente marginados con respecto a los trabajadores públicos de la administración autonómica. Mientras estos últimos cobran carrera profesional, trienios y todo tipo de pluses, los primeros siguen percibiendo prácticamente el mismo complemento de indemnización por residencia que hace 25 años. El agravio comparativo con otras comunidades autónomas también es palpable. Mientras en Ceuta o Melilla ese complemento mensual alcanza los 600 euros mensuales, o en Canarias se mueve entre los 200 de las islas mayores y los 400 de las menores -con la particularidad de que el archipiélago canario cuenta con un régimen fiscal especial por tratarse de una región ultraperiférica y el coste de la vida es más barato-, en Baleares los funcionarios del Estado perciben 70 euros en Mallorca o 90 en Ibiza. Así es difícil que a alguien le salga a cuenta venir a nuestras islas a trabajar.
Pero, desgraciadamente, este no es un problema que afecta exclusivamente al sector público, con la consecuente pérdida de calidad en los servicios prestados por la administración central en nuestras islas, cuando pagamos los mismos impuestos que el resto de los ciudadanos de la península, sino que también afecta a otras actividades económicas. La construcción, la hostelería o la seguridad privada son actividades que cada vez tienen más dificultades para cubrir sus plantillas durante la temporada estival, porque, para hacer el agosto, hay sitios mejores que Baleares. Y el problema se agrava en las islas menores respecto a Mallorca, por la doble y hasta triple insularidad, que encarece todavía más la vida en Menorca, Ibiza o Formentera. Los hoteleros de Formentera avisaban hace unas semanas de que la falta de personal en los establecimientos turísticos se agrava cada año y que está en juego la calidad del servicio que se da a los turistas. Mientras esto pasa, a nuestros políticos lo que les ha preocupado las últimas horas es la posición o el orden de intervenciones en un debate electoral en la televisión autonómica. Y luego nos extrañamos de que aumente la abstención.
