Por más que PP y PSOE se empeñen en negar la mayor –les va mucho en ello- es impensable que los analistas políticos y de la inteligencia de este país no hayan empezado a prever el escenario de una Catalunya independiente, siquiera como hipótesis remota y, para mí, desde luego, no deseable.
Las incógnitas que surgen a continuación son múltiples y nada fáciles de despejar. Para empezar, diga lo que diga la Unión Europea, cuando se divide un estado miembro no aparece un nuevo sujeto de derecho, sino dos. Dicho de otra forma, España es España con Catalunya. Sin Catalunya, no sé bien qué es. Si tienen dudas, pregúntenles a los serbios, que pese a que siguieron denominando a su disminuido estado República de Yugoslavia hasta el año 2003, finalmente acabaron bautizándolo como lo que realmente era, la pequeña República Serbia.
Más allá de lo mejor o peor que lo puedan pasar los ciudadanos de una futura república catalana –ya no sería nuestro problema-, lo cierto es que los territorios y naciones que quedásemos dentro del actual estado español tendríamos que modificar profundamente las reglas del juego. Porque, sin la importante aportación catalana a los fondos de solidaridad, ¿qué partes del estado se harían cargo de seguir financiando a las comunidades deficitarias? Balears, aunque fuera exprimida hasta el punto de que el estado no hiciera aquí ni una sola inversión –de lo cual, por cierto, estamos muy cerca- no tiene capacidad para asumir los costes que los fondos de solidaridad precisan para mantener las ayudas actuales a Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha. Incluso en el supuesto improbable de que Euskadi no tomase el mismo camino que los catalanes, su régimen fiscal no contribuye precisamente a engrosar a esos fondos de solidaridad. ¿Y Madrid? ¿Asumirá la comunidad capitalina el coste de sostener los territorios subvencionados hasta ahora? Lo dudo mucho, la carga no es admisible en sus actuales proporciones. Por tanto, la respuesta a esta primera incógnita es que se acabó la fiesta, amigos, que cada territorio apechugue con lo que produce y consume. Los mecanismos de solidaridad van a tener que destinarse sólo a cuestiones realmente vitales. El PER tendría, pues, los días contados. No hay mal que por bien no venga.
En otro orden de cosas, y con relación a nuestra lengua y cultura propias, sin el importante contrapeso al centralismo que Catalunya supone en el estado español, ¿qué va a ser de la defensa de este patrimonio? Me temo que el jacobinismo más centralista se impondría y, para cercenar cualquier atisbo de nacionalismo o de divergencia cultural, desde Madrid se acabaría con las garantías constitucionales que protegen, mal que bien, la cultura y la lengua de Balears. Salvo que naciese un poco probable frente galaico-mediterráneo, la uniformización que comenzaron los borbones en el siglo XVIII es un peligro cierto.
En definitiva, España se juega demasiado como para que personajes de la mediocridad política de Rajoy o Rubalcaba comanden la defensa del estado. Urge una oferta a la sociedad atractiva y respetuosa con los derechos de todos, que consiga salvaguardar la unidad dentro de la plurinacionalidad del estado, que debe reconocerse sin ambages de una vez, dejándonos de eufemismos. Un estado federal o confederal puede ser la solución, como lo fue en Suiza, por ejemplo. Pero no basta con cambiarle el nombre al estado de las autonomías, como pretenden los socialistas. Hay que avanzar mucho más que eso.
Espero, sinceramente, que no sea demasiado tarde.
