El periodo medio de pago a proveedores se ha convertido en un objetivo prioritario del gobierno central. Tras el ahogamiento financiero y, en ocasiones, la desaparición que provocó para muchos empresarios, el retraso en el pago durante los primeros años de la crisis económica, se crearon mecanismos de control y ayudas a las Administraciones Públicas para que el dinero fluyera y los pequeños y medianos empresarios obtuvieran liquidez.
Como medida para regular el periodo de pago, se promulgó la Ley 15/2010 por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad. Ésta fija desde 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.
En el caso de la Administración Pública balear los plazos están, a fecha de febrero, según publicó ayer el Ministerio de Hacienda y Función Pública, dentro del máximo exigido por ley. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears está pagando a 28,55 días, situándose por primera vez en mucho tiempo, por debajo de los 30 días que marca el límite para la Administración Pública.
No obstante el cumplimiento de febrero, debido a elevados periodos de pago en el pasado, Balears se encuentra, junto a la Comunidad Valenciana y Murcia, en situación de vigilancia intensiva por haber superado durante dos meses consecutivos los 60 días en el periodo de pago. Esta situación ha activado unas medidas automáticas de corrección por parte del Ministerio. Por ejemplo, y entre otras, cualquier operación de endeudamiento a largo plazo requiere de autorización del Estado.
El hecho de estar dos meses consecutivos por encima de más de 30 días sobre el límite exigido por ley, ha provocado reiterados avisos a la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, por parte de el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mostrando su preocupación por superar el periodo máximo en más de 30 días y alertando de que, según la ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ejercerá mayor control, indicando el importe que debe dedicar mensualmente la Comunidad Autónoma al pago a proveedores y qué medidas debe adoptar para reducir gastos e incrementar ingresos y poder así reducir el periodo medio de pago a proveedores.
Hay que señalar que el incumplimiento de Balears ha sido constante en el pasado. En ningún mes del año pasado (2016) se pagó a menos de 30 días. Por ejemplo, arrancó el año en enero de 2016 con un pago a 76,89 días (46,89 días por encima del máximo legal) y en julio se alcanzó el récord con un pago a 83,03 días (53,03 días por encima del máximo). Es más, desde septiembre de 2014, primer momento que muestran las estadísticas del Ministerio de Hacienda, Balears nunca ha pagado a menos de 30 días. Hasta ahora.
El esfuerzo ha sido importante y, por primera vez en muchos años, en febrero Balears ha pagado a sus proveedores dentro del periodo establecido por ley.
