Diferentes entidades del sector educativo de las islas fueron convocadas a una primera reunión, que se celebró ayer tarde, por el grupo de trabajo conformado por los partidos que actualmente negocian el futuro programa de gobierno de la CAIB, PSIB, Més y Podem en el ámbito de la enseñanza. El objeto era el de intercambiar impresiones acerca de cómo afrontar los efectos de una reforma educativa que está en marcha, pero que todo indica que volverá a ser efímera, dada la oposición manifiesta de gran parte del estamento docente.
La LOMCE de Rajoy y Wert produce un rechazo casi unánime, pero los motivos que lo inspiran no son ni mucho menos uniformes. Hay distintos argumentos, todos ellos respetables, pero que evidencian posturas y puntos de vista muy diferentes.
El cemento de unión de todas estas posiciones ha sido, sin duda, la absoluta falta de consenso con la que nació la ley. Wert, su Secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, y su gabinete en pleno se dedicaron, durante la tramitación de la ley, a boicotear todos y cada uno de los preacuerdos que incluso con sectores supuestamente afines negociaba el grupo parlamentario del PP en el congreso de los diputados. Por tanto, esa tacha de ausencia del más mínimo consenso y de falta de apoyo de ninguna entidad relevante del sector educativo público o privado concertado es atribuible como mérito cum laude al propio ministro y, naturalmente, a su jefe, el presidente Rajoy.
Bueno sería, pues, que cualquier futura reforma e incluso las medidas transitorias que se adopten por parte de las comunidades autónomas, no incurrieran de nuevo en este vicio de unilateralidad desde el otro lado del hemiciclo. El consenso no solo le es exigible al PP. Los demás grupos políticos son, además, reos de sus palabras y críticas en este sentido. La comunidad educativa vigilará para que se cumpla el mandamiento del diálogo y de los consensos esenciales, especialmente en Balears donde la plataforma Illes per un pacte lleva años trabajando y aunando voluntades desde todos los ángulos.
A partir de aquí, sin embargo, los acuerdos requieren matices. No son admisibles en un estado de derecho las propuestas que pretenden de plano un incumplimiento de la ley o el uso de mecanismos inidóneos, como el del tan abusado decreto-ley, para conseguir titulares de prensa y efectos efervescentes que se terminan a los pocos días, porque la CAIB no puede, por más que eso enoje a mucha gente, invadir competencias estatales y menos para derogar una ley orgánica como es la LOMCE. A la postre, ello solo generaría más inseguridad en todos los operadores y en las familias y alumnado, verdaderas víctimas de esta situación.
Tampoco es de recibo esperar que el futuro govern, en aras a suavizar los efectos no queridos de la LOMCE, supla a los órganos competentes de cada centro en la elaboración de su oferta educativa y reduzca a la nada el escaso margen de autonomía pedagógica y organizativa de los colegios que, por cierto, no es un invento de la LOMCE, sino uno de los principios más asentados y repetidos en la LOE, elaborada por el gobierno socialista. Ciertamente, los hay que le tienen pánico a la autonomía, porque supone mucho trabajo de preparación y estudio y la toma de decisiones, y desde luego no todo el mundo sirve para ello.
Pero hay que proteger a todo trance a aquellos equipos directivos que, con LOMCE o sin ella, no han parado de trabajar en la innovación educativa, adecuando su currículum a la nueva ley, pero exprimiendo todos los recovecos en los que pudiera encontrarse una mejora de la oferta educativa de su centro.
La LOMCE es una mala ley que, sin embargo, contiene algunos aspectos técnicos aprovechables. La demonización, propia del discurso político, es a menudo una hipérbole. Nos equivocamos mucho si pensamos que los problemas de la enseñanza radican únicamente en su marco legal. Con malas leyes han existido siempre escuelas creativas que obtenían resultados académicos –en términos de valor añadido a su alumnado, fuese el que fuese- excelentes. Y, con buenas leyes, seguirá habiendo malos profesores y alumnos fracasados. No hay que engañarse.
La buena noticia, en cualquier caso, es la voluntad de diálogo, que esperemos que no sea flor de un día y se consolide durante esta legislatura. Para empezar, estaría bien que el máximo órgano consultivo en materia educativa, el Consell Escolar de les Illes Balears, fuera nuevamente valorado y escuchado y no se convirtiera, una vez más, en apartadero de enchufados de los respectivos partidos gobernantes, sin la más mínima utilidad, como ha sucedido en los pasados cuatro años.
En cualquier caso, solo me atrevo a hacer un único ruego al nuevo govern, el de que en materia educativa actúe inspirado por un único principio: seny.
