Los niños han vuelto a clase en el colegio de Son Sardina, pero "la herida sigue abierta" explica la abogada de las familias. Tras semanas de pulso entre las familias y la Conselleria de Educación por la presencia de Miquel Roldán —profesor condenado por acoso a un menor y que seguía dando clases en el centro CEIP Maria Antònia Salvà—, el conflicto se ha enfriado temporalmente gracias a la baja médica solicitada por el docente.
Las familias, que habían dejado de llevar a sus hijos a clase como medida de presión, regresaron ayer a las aulas después de que Roldán causara baja. Pero la sensación, según la abogada Carmen López, es de tregua precaria. “La baja médica aplaza el problema. No lo soluciona. La Conselleria debe valorar el interés a proteger, y sin duda, son los menores. Por tanto la única solución es apartar al profesor del centro escolar”.
UNA COMISIÓN Y UN EXPEDIENTE SOBRE LA MESA
La duda actual que ronda sobre las mentes de los padres y madres de estos alumnos es qué ocurrirá cuando Roldán decida reincorporarse. López en este sentido es clara asegurando que el profesor “debe acudir a la revisión propuesta por la comisión paritaria. Si no lo hace, pueden abrirle un expediente sancionador.
La Conselleria ha autorizado una evaluación médica para determinar si el docente es apto para trabajar con menores, aunque la abogada se muestra escéptica. “Es una propuesta atípica, y desconocemos el alcance de dicha valoración”. Y advierte, “si el profesor se opone a las pruebas, la Conselleria puede abrir expediente sancionador y separarle de la plaza adjudicada como interino. El año pasado ya se había propuesto esta prueba y, de nuevo, pidió la baja hasta final de curso”.
NIÑOS EN HUELGA Y FAMILIAS EN PIE
El pulso de las familias no ha pasado desapercibido. Ni un solo niño ha asistido a clase durante los días que Roldán estuvo en el aula. “El colegio en general, y en concreto las familias, han dado una muestra de ejemplaridad. Todos han seguido la huelga. Ni un solo niño ha ido al cole”, explica López.
Durante esos días, los padres organizaron actividades en las inmediaciones del centro para que los menores no perdieran la rutina escolar. “Hoy estaban felices de volver a clase”, añade la abogada.
La única medida que consideran aceptable es rotunda. “Apartar al docente de la educación. Lo que se pretende es que el profesor no pueda estar en contacto con menores”.
FALTA DE RESPALDO INSTITUCIONAL
La abogada apunta también a la responsabilidad de la administración. “Con la documentación en poder de la Conselleria de Educación, se deberían haber adoptado medidas. Las familias no se sienten apoyadas. Son conscientes de la dificultad de apartar a un interino con plaza, pero la situación concreta no permite otra respuesta”.
Según López, existen antecedentes de denuncias y solicitudes “desde 2021 y hasta la actualidad”, lo que agrava la sensación de desamparo, asegura Carmen López.
¿UN FALLO DE LA LEGISLACIÓN?
Sobre la normativa vigente, López defiende una reforma. “Creo que la condena por acoso a menores debería llevar aparejada la inhabilitación. Con esa reforma se facilitarían las soluciones”.
Mientras tanto, el regreso de los niños a las aulas no significa un punto final, sino una pausa forzada por la baja médica del profesor. Una pausa que, para las familias, no resuelve nada. “La baja es un parche. Los menores necesitan seguridad, y esa seguridad solo llegará cuando Roldán no vuelva a las aulas”.
