En la comparecencia más esperada de su vida, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, convirtió en una declaración política lo que para muchos debía haber sido una declaración unilateral de independencia. Impulsado por circunstancias politicas y económicas imposibles de obviar, y en contra del criterio de algunos de sus socios y de muchos ciudadanos que lo esperaban, Puigdemont decidió ayer fijar una prórroga al "procés".
Ante el pleno de la cámara catalana, expresó, por una parte, su decisión de asumir el mandato del 1-O afirmando que Cataluña se había ganado su derecho a ser un estado independiente, para inmediatamente solicitar al Parlament que deje esta declaración en suspenso. Es decir, un ejercicio de equilibrio politico con el que ha pretendido varias cosas: dar respuesta al menos a una parte del movimiento independentista, detener una eventual intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado, parar la sangría económica con más salidas de empresas de Cataluña (este martes mismo, Planeta y Catalana-Occidente) y, sobre todo, intentar forzar la apertura de un periodo de diálogo directo con Moncloa o con mediación de terceros.
Si lo consigue lo sabremos en los próximos días. Pero lo que no se puede negar es que constituye un gesto que requiere una respuesta proporcionada y justa del gobierno central, y especialmente de su presidente, Mariano Rajoy. Debe volver la calma a las instituciones y dejar que la política con mayúsculas entre en juego. Cataluña no debe salir de España y España debe escuchar a Cataluña, con sus reivindicaciones y su hecho diferencial. Los catalanes que así lo anhelan deben encontrar esa respuesta que baje la tensión, y los líderes políticos, si lo quieren seguir siendo, deben ser capaces de conseguirlo.
