Cerrar Es Murterar con la red saturada no parece el momento

No soy técnico ni experta en redes eléctricas. Hablo desde el sentido común y desde el desconcierto que producen los datos públicos, pero sinceramente no entiendo que este sea el momento adecuado para cerrar centrales de generación eléctrica como Es Murterar. 

El sistema energético español atraviesa uno de los mayores colapsos estructurales de su historia reciente, con una red claramente saturada, obsoleta y sin capacidad para absorber la propia energía que decimos producir en abundancia. En 2026, el 88,2 % de los nudos de la red eléctrica no tendrá capacidad disponible, lo que demuestra que el problema no es puntual ni coyuntural, sino profundo y mal gestionado durante años. Una situación que afecta directamente a la competitividad industrial, a la seguridad de suministro y a la credibilidad del discurso oficial sobre la transición energética. 

Se nos ha repetido que España es una potencia renovable, que nos sobra electricidad y que podemos atraer centros de datos, fábricas de baterías o industrias electrointensivas. Sin embargo, la realidad es que solo el 12 % de las solicitudes de acceso a la red se conceden, que hay provincias enteras al 100 % de saturación y que muchos proyectos ni siquiera se presentan porque saben de antemano que no hay capacidad. Todo ello convierte ese relato optimista en una ficción peligrosa. 

En este contexto, resulta cuanto menos sorprendente que se avance, sin apenas debate público, en el cierre definitivo de la central de Es Murterar, propiedad de Endesa. Una instalación que durante décadas ha garantizado el suministro en Baleares y que, aunque hoy opera de forma limitada, sigue siendo una pieza de respaldo esencial en un sistema insular especialmente vulnerable. Más aún cuando el segundo cable eléctrico con la Península acumula retrasos y ya no se espera antes de 2030, dejando a Mallorca en una situación de dependencia externa, sin una red robusta y sin alternativas firmes plenamente desplegadas. 

Nadie discute el objetivo de descarbonización ni la necesidad de avanzar hacia un modelo más limpio y eficiente. Pero la transición energética no puede hacerse a ciegas ni a base de titulares. Cerrar capacidad gestionable cuando la red no está preparada, cuando no hay almacenamiento suficiente y cuando la electrificación de la demanda apenas empieza, es asumir riesgos innecesarios para hogares, empresas e industria. 

Además, el propio sistema regulatorio atraviesa una crisis evidente, con un enfrentamiento abierto entre las eléctricas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la nueva metodología de retribución de las redes. Una regulación que, según el propio sector, desincentiva la inversión, retrasa la digitalización una década y añade inseguridad jurídica, con recursos anunciados ante la Audiencia Nacional y previsiblemente el Tribunal Supremo. Todo ello no hace sino agravar la parálisis inversora en un momento en el que la red necesitaría una renovación urgente que, no olvidemos, ya hemos pagado con creces en la factura eléctrica y vía impuestos. 

Por todo ello, desde la modestia de quien no presume de conocimiento técnico pero sí de observar los datos, sorprende el silencio generalizado ante una decisión tan relevante como el cierre de centrales eléctricas firmes en pleno colapso de la red. Sorprende que nadie

levante la voz para decir que quizá no es el momento, que quizá antes de apagar hay que reforzar, modernizar y planificar. Y sorprende que se hable de soberanía energética y liderazgo europeo mientras se desmontan infraestructuras sin tener preparado el sistema que debe sustituirlas, porque la autosuficiencia energética no es una nostalgia del pasado, sino una cuestión de prudencia, resiliencia y responsabilidad en un escenario donde los números, hoy por hoy, no invitan precisamente a bajar la guardia.