Colaborar con la justicia

Los casos de corrupción que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez presentan -aparte de conexiones personales- interesantes caracteres comunes. En especial, algo que los diferentes imputados repiten continuamente entre críticas veladas a los jueces que les investigan: su voluntad de colaborar con la Justicia. Pero veamos qué representa exactamente para ellos “colaborar con la Justicia”, sin prejuzgar su derecho constitucional a la presunción de inocencia, que los ciudadanos debemos respetar hasta que sean juzgados o sobreseídos. 

El supuesto más grave de todos, en el sentido que aquí estamos comentando, es el de Álvaro García Ortiz, fiscal general de Estado. Alguien que, en la reciente celebración de la apertura del año judicial, manifestó “creer en la Justicia” y querer colaborar plenamente con ella, pero que mostró un extraño comportamiento cuando la Justicia comenzó a investigarle. 

Con independencia de que resulte o no condenado por un delito de revelación de secretos -ordenó divulgar datos tributarios reservados de la pareja sentimental de Díaz Ayuso para colaborar con el “relato” político de La Moncloa, que quería contrarrestar mediáticamente la imputación de Begoña Gómez- su actuación como jurista ha dejado mucho que desear. Ni un fiscal debe intervenir en batallas o relatos políticos, ni alguien que se sabe inocente suele resistirse a facilitar a los investigadores toda la información necesaria para demostrar su inocencia. 

Pero García Ortiz escribió a una fiscal subordinada “si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”, y borró toda la información de sus correos y teléfonos móviles en cuanto comenzó la investigación. Abierto juicio oral contra él esta pasada semana por el Tribunal Supremo, resulta notorio que se ha comportado -con el agravante de ser el fiscal general- como un vulgar delincuente que, además, ha intentado proteger a otros delincuentes que promovieron esas filtraciones. Aunque finalmente no sea condenado por ausencia de pruebas directas o de nexo causal –el sistema penal español es tremendamente garantista- sus actos le descalifican de por vida para ejercer hasta de simple fiscal. No es más que un militante político que maniobra camuflado bajo una toga.

Otro caso peculiar es el Begoña Gómez. Su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho, ha pedido a la Audiencia de Madrid que impida la entrega de sus correos electrónicos enviados desde una cuenta en Presidencia del Gobierno. Una pretensión sorprendente pues, si cree no haber cometido malversación, ni apropiación indebida, ni tráfico de influencias, no debería oponerse al análisis judicial de su correspondencia. También llaman aquí la atención otros hechos comprobados: que utilizase una dirección de correo oficial de la Presidencia del Gobierno; que las empresas contactadas por su secretaria -solo con el vicerrector de la Complutense se escribió 150 correos- recibieran luego llamadas de agradecimiento del Presidente y, finalmente, que nunca quiera responder -salvo a su abogado- cuando es interrogada.    

El último asunto a comentar es el de Santos Cerdán, ex secretario general del PSOE ingresado en prisión, cuyo abogado pidió al Tribunal que la UCO suspenda cualquier investigación sobre las conversaciones mantenidas entre el comisionista Víctor de Aldama y el ministro Ángel Víctor Torres, investigado -al igual que Francina Armengol- por el supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que también suspenda toda línea de investigación que afecte a aforados (ministros o diputados).

En España, los pájaros sanchistas investigados disparan insolentemente a las escopetas. Para ellos, “colaborar con la Justicia” significa destruir todas las pruebas, ignorar las preguntas de los jueces e indicarles qué indagaciones no pueden efectuar. Con tanto “colaborador” entusiasta no entiendo por qué la Justicia reclama siempre más medios.   

P.D.: ¿Quién pagará los 150.000 euros que el juez ha puesto de fianza a Álvaro García Ortiz para garantizar las posibles responsabilidades económicas de una eventual condena? Se admiten apuestas…