El Ajuntament de Palma ha aprobado inicialmente in extremis y con tramitación “express” el presupuesto municipal para el 2018.
Lo ha hecho reduciendo a la mínima expresión el necesario debate entre las fuerzas políticas que representan a todos los ciudadanos. El Presupuesto General es una autorización de gasto del Pleno del Ajuntament al gobierno municipal, y es así porque detrás de esos gastos hay el cobro de impuestos a los ciudadanos.
Por eso es competencia del Pleno y no de la junta de gobierno su aprobación, para garantizar la participación a todos los ciudadanos en el debate de los tributos que se van a cobrar, a través de sus representantes legítimos y no únicamente los que forman parte del gobierno.
Y según el órgano independiente que audita los temas económicos, la Intervención municipal, las cuentas presentadas por el gobierno tripartito en Cort presentan incoherencias, inexactitudes, y ocultaciones de información.
Dentro de esas incoherencias, en expresión del Interventor, encontramos la aplicación del borrador de presupuesto del Estado, no aprobado por la situación de Cataluña, en el presupuesto de Palma. Se han incluido las mejoras de los ingresos con el incremento previsto de las transferencias del Estado, pero no el posible aumento de las nóminas de los funcionarios en la parte de gastos, que también es público que se aprobarán, es decir, se estaría ocultando un posible déficit. Hay que tener en consideración que si se prorroga el presupuesto no se tendrán esos ingresos.
Además, también se expone en el documento fiscalizador que la dotación para las nóminas es ya insuficiente para hacer frente a los salarios actuales de los trabajadores municipales sin tener en cuenta el aumento futuro mencionado por parte de la ley nacional.
Indica también la Intervención que la previsión de los ingresos de dos impuestos no son adecuados, es decir, estarían inflados. Son dos tributos que no se gestionan con padrón y que están muy relacionados con la actividad económica, como son el impuesto de plusvalía municipal y el de construcción. Esto supone otra ocultación de un posible déficit a opinión del auditor.
También indica que no se recogen compromisos asumidos por el Ajuntament, denominados gastos plurianuales, lo que supone no reflejar todos los gastos que tiene la entidad local como obligatorios para el 2018 y que es uno de los supuestos de reclamaciones contemplados en la ley de hacienda locales en su artículo 170.2 durante su exposición pública por cualquier ciudadano que no permite la aprobación definitiva del presupuesto.
Y no acaban aquí las anomalías del presupuesto aprobado inicialmente hasta su aprobación definitiva según el órgano independiente de auditoria interna del Ajuntament, ya que se desconoce si se cumplen con las leyes de estabilidad presupuestaria y solvencia financiera, al haber el equipo de gobierno ocultado a la Intervención los números referentes al cumplimiento de la regla de gasto o del objetivo de estabilidad presupuestaria, seguramente por las “prisas” en la tramitación, ya que es sorprendente que quien tiene la obligación de efectuar un informe de fiscalización de legalidad preceptivo para la aprobación del proyecto reconozca que no puede realizarlo por no tener la información al respecto.
Hay que recordar que el incumplimiento de la regla de gasto ha supuesto la “intervención” económica de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid recientemente por el Gobierno de la Nación.
Otro capítulo de anomalías con las cuentas del 2018 es la falta de presentación de la consolidación de las mismas con los diferentes organismos autónomos y empresas municipales, otro instrumento importante para hacer una lectura de esa autorización de gastos que ha hecho provisionalmente el Pleno del día 29 de Noviembre.
En definitiva, se puede calificar como una tramitación de presupuesto poco transparente y con evidente ocultación de información relevante.
