El Gobierno central y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que cobran los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en Baleares. El compromiso forma parte de la propuesta del Ministerio de Función Pública para subir un 10% el salario de los empleados públicos entre 2025 y 2028.
Según han informado fuentes sindicales, la equiparación del plus de insularidad de los funcionarios estatales en Baleares con el que perciben sus homólogos en Canarias está “garantizada”, a falta únicamente de concretar los plazos de aplicación.
En el caso de Mallorca, la actualización del complemento por residencia supondrá que los funcionarios pasen de una horquilla actual de entre 47 y 110 euros mensuales a percibir 206 euros al mes, con independencia de su categoría profesional.
En el resto de islas del archipiélago balear, el salto será todavía mayor: los empleados públicos pasarán de cobrar entre 65 y 122 euros mensuales a un complemento fijo de 410 euros al mes, siempre según las mismas fuentes.
El acuerdo figura en el documento que Función Pública ha trasladado a CCOO, UGT y CSIF, en el marco de la negociación del incremento retributivo para el periodo 2025-2028.
Está previsto que este jueves el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, ofrezca una rueda de prensa para valorar el pacto, explicar su alcance en el archipiélago y detallar el calendario previsto para que los funcionarios destinados en las Islas empiecen a notar en nómina la mejora del plus de residencia.
REACCIÓN SINDICAL
UGT Servicios Públicos en Baleares ha puesto hoy el listón alto y el tono claro: el acuerdo para equiparar el plus de insularidad de los empleados del Estado en las Islas con el de Canarias es “histórico”. Así lo ha defendido su secretario general, Miguel Ángel Romero, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, tras años de negociación, “por fin se cosechan los frutos”.
El pacto, que aún debe cerrarse esta tarde en Madrid, beneficiará a unos 7.500 trabajadores del Estado en el archipiélago y pretende frenar una sangría que Romero no ha disimulado: “La Administración General del Estado en Baleares está al borde del colapso”. Los salarios actuales, sostiene, no permiten asumir el coste de vida disparado en las Islas, especialmente el alquiler.
Como ejemplo, ha citado el caso de un funcionario llegado desde Zamora, con 1.400 euros de sueldo, obligado a compartir piso con tres o cuatro personas más. Un escenario que, según UGT, ahuyenta candidatos y explica que el 30% de las 10.500 plazas estatales en Baleares estén sin cubrir entre administrativos, policías, guardias civiles y funcionarios de Justicia.
El dirigente sindical ha dejado claro que esta mejora no afectará a los funcionarios de la comunidad autónoma y ha advertido de que el 50% de la plantilla de la AGE en Baleares se jubilará en la próxima década: un reto que, dice, habrá que encarar sin excusas.
Si el acuerdo se firma hoy, los sindicatos desconvocarán la huelga del 27 de noviembre.
En paralelo, la presión sigue creciendo. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha exigido este jueves que la equiparación se aplique también a los agentes destinados en Baleares. Romero ha confirmado que así será, alineándose con una demanda que lleva años encima de la mesa sin respuesta.
