A la espera de conocer los detalles del informe elaborado por el comité de expertos y de lo que se traslade por el titular de Hacienda al Consejo de Ministros, parece que la reforma fiscal comprometida por el Partido Popular puede generar una fuerte controversia social, aunque abunde en los criterios sugeridos por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
El equipo encabezado por Manuel Lagares propone aplicar la devaluación fiscal como una de las medidas de impulso para nuestra economía, a pesar de que será muy difícil de explicar con claridad a la ciudadanía, en medio del barullo provocado por el debate de la financiación autonómica y los ecos de las elecciones al Parlamento Europeo. La catarsis tributaria, como algunos adjetivan, esencialmente consiste en el trasvase de la carga impositiva directa a la indirecta, lo que mejorará nuestra competitividad en el mercado internacional y supondrá un freno a la importación, cualquiera que sea su origen. El planteamiento de partida, acompañado de una reducción de las cotizaciones sociales, puede suponer un gran acicate para la contratación y dinamizará nuestro saldo con el exterior, aunque no afecte sustancialmente al Producto Interior Bruto. La cruz de esta moneda es que el incremento del IVA afecta no sólo al consumo interno, sino de manera más llamativa a los menos pudientes que, con la clase media, soportan el mayor peso en la profunda crisis que arrastramos. Esta acción, aunque llegara acompañada de un aumento de la población exenta de afrontar el Impuesto de la Renta e incluso de una reducción en los tipos marginales máximos, tendrá una fácil utilización política por parte de la oposición. Lectura hipócrita, por otra parte, ya que fue el gobierno Zapatero el que inició la senda de la presión fiscal indiscriminada cuando se le descuadraron las cuentas públicas.
No se espera que este Proyecto de Ley inicie su debate parlamentario hasta el final del periodo de sesiones pero, entretanto, las fuerzas políticas y todos los interlocutores sociales deberán preparar sus estrategias para que la necesaria reforma fiscal, como la laboral, administrativa y financiera nos afecten positivamente, más aun cuando el gobierno de España está dispuesto a luchar por la unidad de mercado y enfrentarse a la disparidad de criterios que ha generado la excesiva autonomía fiscal regional.
En este sentido, un marco jurídico como la Ley del Suelo de Baleares ofrece una mayor seguridad para la inversión inmobiliaria y la salvaguarda del territorio, así que debemos felicitarnos porque se haya aprobado esta semana una asignatura pendiente para nuestra Comunidad. A pesar de que la primera lectura general ha fijado su atención en la regularización de las construcciones ilícitas, a pesar de la prescripción de acciones punitivas y la importante recaudación que supondrá su legalización, el nuevo contexto -unido a la Ley General Turística- obligará a modificar los planes territoriales insulares (que en el caso de Mallorca ya debería ser actualizado este año), pero al que los planes urbanos de la mayoría de municipios siguen sin adaptarse todavía. Esta redefinición de las reglas del juego debe concretarse sin dilación para no añadir lastre a los promotores, si a la falta de financiación de las entidades crediticias y la escasez de suelo urbano sumamos un agravamiento de la lentitud administrativa, bastante pausada por la espada de Damocles judicial y la falta de coraje político para remediarlo.
El razonable balance dado a conocer por la asociación de constructores dista mucho de ser el motor generador de riqueza y empleo que supuso para nuestra economía, ni satisface las necesidades vegetativas de una creciente demografía, que no sólo quiere poder acceder a la rehabilitación y el arrendamiento para atender su derecho constitucional de vivienda. Es por ello que le auguro un escaso recorrido a alguna de las 270 propuestas que los 'sabios' han hecho llegar al despacho de Cristobal Montoro, como el hecho de considar factible y recomendable la eliminación de las desgravaciones por la propiedad de la vivienda habitual, con carácter retroactivo, así como la aplicación de su valor como rendimiento en el IRPF, hasta ahora exento, y que supondría un nuevo revés a la necesaria expansión de una actividad económica que tan buenos resultados ha propiciado para la consecución del añorado estado de bienestar y de cuya reválida nos alejaríamos si no llegamos a crecer sostenible pero decididamente.
