Gual de Torrella niega favoritismos a Asmen en la adjudicación de los amarres del puerto de Maó

El expresidente de la APB, que fue detenido por este presunto caso de corrupción en julio de 2020, ha declarado por primera vez este lunes y lo ha hecho durante más de tres horas. En el interrogatorio, ha defendido que no hubo ningún prevalimiento ni presión para beneficiar a la adjudicataria del concurso, que se llevó a cabo en 2017.

Gual de Torrella ha apuntado que no participó en los informes técnicos y ha relatado lo que ocurrió en los consejos. Ha defendido la transparencia del procedimiento y ha indicado que mantuvo reuniones institucionales en relación a la problemática que había en el puerto, pero no en concreto sobre la gestión del concurso.

Posteriormente, ha comparecido el exdirector de la APB, Juan Carlos Plaza, quien también ha declarado durante cerca de tres horas. Plaza ha defendido el informe de la comisión técnica, en la que participaba en razón de su cargo, y ha coincidido con el entonces presidente en negar cualquier trato de favor a Marina Asmen o presiones para que resultase adjudicataria.

APLAZADA LA DECLARACIÓN DE LA ABOGADA DEL ESTADO

Tras Plaza, estaba previsto que declarase una abogada del Estado, también como investigada, pero la comparecencia se ha aplazado a este martes debido a la extensión de los dos primeros interrogatorios. La letrada ejercía como asesora jurídica del Consejo de Administración de la APB en la fecha de los hechos que se investigan.

El martes también están llamados a comparecer el exjefe del área de gestión, el exjefe de explotación y un técnico de la APB de Menorca; y el miércoles y jueves se prevé tomar declaración al expresidente de la patronal menorquina de empresas náuticas (Asmen) y los responsables de algunas de las empresas involucradas en el concurso.

Cabe señalar que los investigadores cifran en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. La jueza instructora aprecia indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados.

PRESUNTO CONCURSO 'AD HOC'

Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.

La investigación señala a la abogada del Estado por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían. En la documentación del caso consta, según recoge la juez, que su pareja realizó trabajos remunerados hasta el año 2017 para una empresa indirectamente relacionada con Marina Asmen.

Según la investigación, la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.

IMPORTANTES INGRESOS

Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que, de hecho, eran contrarios a los mismos, sin que la APB hiciera, supuestamente, nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.

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