Esther Ribas, portavoz en Baleares del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y Luis Fernández del Blanco, secretario general en las islas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), atienden a mallorcadiario.com para valorar una propuesta que ha abierto discrepancias entre los dos principales sindicatos policiales en el archipiélago. Mientras la AUGC cuestiona que la publicación periódica de la nacionalidad de los detenidos tenga utilidad real para la seguridad pública, el SUP sostiene que el debate no es si se difunden los datos, sino cómo y con qué finalidad.
Cabe recordar que la iniciativa -aprobada por el pleno del Consell de Mallorca con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de Més per Mallorca y PSOE- pide que la Delegación del Gobierno impulse estadísticas oficiales que incluyan la nacionalidad y procedencia de los detenidos o investigados, con periodicidad y respetando la normativa de protección de datos. “No nos oponemos a la publicación de datos estadísticos por nacionalidad si se hacen de forma agregada, proporcional y contextualizada. Transparencia sí, manipulación no. El delito no tiene pasaporte”, afirma Ribas.
"Transparencia sí, manipulación no"
“NO APORTA VALOR Y ROMPERÍA LA CONVIVENCIA”
Luis Fernández del Blanco, por su parte, rechaza la publicación periódica de la nacionalidad de los detenidos. La califica de “medida ineficaz que no aporta valor a la seguridad pública” y advierte de que su difusión puede convertirse en “un instrumento que alimente prejuicios y discursos de odio”. El representante provincial de la AUGC explica a este digital que la Guardia Civil sí registra la nacionalidad, pero “exclusivamente por requisitos estadísticos y administrativos, así como para la gestión consular”. Insiste en que “nunca se utiliza como variable de inteligencia operativa ni para realizar perfiles raciales”, una práctica que define como ilegal y discriminatoria.
Desde su punto de vista, la nacionalidad no es un factor determinante en la comisión de delitos. Considera que centrar el debate en esa variable desvía la atención de los problemas estructurales que afectan a la seguridad ciudadana. En el caso de Baleares, vuelve a situar el foco en la falta de efectivos y en las dificultades para cubrir plantillas. Reclama la declaración de Zona de Especial Singularidad para incentivar la permanencia de agentes en las islas, además de medidas que faciliten el acceso a la vivienda. “Estos factores sí garantizan un servicio público de calidad y una reducción efectiva de la delincuencia”, sostiene.
"Pedimos la declaración de Zona de Especial Singularidad"
RIGOR TÉCNICO Y TRANSPARENCIA
La posición del Sindicato Unificado de Policía introduce matices. Esther Ribas no rechaza la publicación, pero insiste en que la clave está en el enfoque. “El debate no es si se puede publicar, sino cómo se publica y para qué se utiliza”, afirma. Para el sindicato policial, la nacionalidad puede ser “una variable estadística más” dentro de un análisis criminológico amplio que incluya edad, tipología delictiva, ámbito territorial o reincidencia. “Con el cruce de variables se pueden detectar fenómenos específicos y orientar mejor los recursos preventivos”, explica.
"Un análisis criminológico que incluya edad, tipo de delito y reincidencia"
Eso sí, Ribas subraya que los datos deben ofrecerse de forma agregada, proporcional y contextualizada. “No nos oponemos a la publicación si se hace con rigor. Transparencia sí, manipulación no”, resume la exjefa de la Policía Local de Calvià, al tiempo que recalca que la nacionalidad no determina el delito: "La responsabilidad siempre es individual". Desde su experiencia, el principal problema es la multirreincidencia y la agilidad de la respuesta judicial.
CONTEXTO POLÍTICO Y PRECEDENTES
La moción fue aprobada con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de Més per Mallorca y PSOE. Solicita que la Delegación del Gobierno impulse la inclusión de la nacionalidad y procedencia en las estadísticas oficiales de criminalidad, con carácter periódico y respetando la normativa de protección de datos. No tiene efectos ejecutivos inmediatos, pero traslada la petición al Ministerio del Interior.
La reclamación ya había sido planteada públicamente el 26 de noviembre de 2025 por el portavoz adjunto de Vox en el Parlament balear, Sergio Rodríguez, quien exigió que se hiciera pública la nacionalidad de los detenidos, especialmente en delitos violentos y agresiones sexuales. Denunció entonces “la opacidad deliberada” de la Delegación del Gobierno y defendió que los ciudadanos “tienen derecho a conocer” esos datos.
"Opacidad deliberada de la Delegación de Gobierno"
BALANCE DE CRIMINALIDAD, ERTZAINTZA Y MOSSOS
A nivel estatal, el Ministerio del Interior publica el Balance de Criminalidad con la evolución de los principales indicadores, pero no incluye de forma sistemática un desglose público por nacionalidad, aunque el dato sí forma parte de los registros internos.
En cambio, algunas policías autonómicas sí lo incorporan en sus informes. La Ertzaintza incluyó en 2025 el desglose por nacionalidad en su informe de criminalidad de los nueve primeros meses del año, donde el 64,2 por ciento de los arrestos correspondieron a personas extranjeras en una comunidad donde este colectivo representa alrededor del 14 por ciento de la población.
En País Vasco y Cataluña, dos de cada tres detenidos son extranjeros
También los Mossos d'Esquadra publican datos de nacionalidad junto a otras variables como edad, sexo, tipología delictiva o reincidencia. En 2024, alrededor del 65 por ciento de las detenciones en Cataluña correspondieron a personas extranjeras, especialmente en determinados delitos contra el patrimonio y en casos de multirreincidencia.
DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN BALEARES
La Delegación del Gobierno en Baleares ha remitido a mallorcadiario.com la posición oficial del Ministerio del Interior del Ejecutivo autonómico sobre esta cuestión. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska niegan que exista relación entre inmigración y delincuencia y rechazan la utilidad preventiva de publicar la nacionalidad de los detenidos.
En primer lugar, Interior afirma que “no existe una correlación demostrada entre la llegada de inmigrantes y el aumento de la delincuencia”, y recuerda que “en períodos de gran afluencia de llegadas a España, por ejemplo entre los años 2000 y 2022, la tasa de criminalidad incluso experimentó un ligero descenso y se situó entre las más bajas de Europa”.
"Entre 2000 y 2022, la tasa de criminalidad se situó entre las más bajas de Europa"
TRASPARENCIA VS PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
Asimismo, la cartera de Marlaska sostiene que “no existe evidencia científica de que publicar datos de detenidos según su nacionalidad de origen sea efectivo para prevenir el delito”. Subraya que la difusión de este tipo de información es “una cuestión sensible” y que debe buscarse “un equilibrio entre la transparencia y el interés público, y la seguridad y protección de derechos fundamentales como la privacidad y la no discriminación”.
En este sentido, advierte de que “ofrecer datos sobre personas detenidas según su lugar de nacimiento comporta riesgos significativos en materia de discriminación, malinterpretación, privacidad y cumplimiento legal”.
"Vincular inmigración y criminalidad es racista y electoralista"
Finalmente, el Ministerio de Interior considera que “vincular inmigración y criminalidad es una postura racista y xenófoba, que busca réditos electorales”, y añade que se trata de “un argumento de carga contra los pilares del Estado del Bienestar”, en referencia a los discursos que, a su juicio, utilizan esta cuestión con fines políticos.
