Según el escrito judicial, el juzgado ha citado tanto a la denunciante como al investigado para declarar el próximo 17 de marzo de 2026 en Plaza de Castilla. La querella recoge el relato de un supuesto episodio ocurrido en abril, cuando la agente se encontraba de servicio.
De acuerdo con su versión, habría recibido la orden de acudir a un restaurante donde se encontraba el alto mando, quien posteriormente le habría indicado trasladarlo a una vivienda oficial del Ministerio del Interior. Allí, siempre según la denuncia, se habría producido la presunta agresión sexual.
La denunciante sostiene que la actuación se produjo sin consentimiento y que posteriormente habría existido una supuesta campaña de presiones para evitar que denunciara los hechos. La querella incorpora, según la defensa de la víctima, registros de llamadas y mensajes, así como una grabación de audio que habría sido aportada al juzgado.
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, califica los hechos como “muy graves” y reclama medidas de protección para su representada. La funcionaria se encuentra actualmente de baja médica por depresión, según su entorno legal.
