El sistema de atención a los menores migrantes no acompañados vuelve a poner de manifiesto una grave disfunción en el reparto de responsabilidades entre el Gobierno central y las administraciones locales. Los consells insulars —competentes en materia de tutela y protección de la infancia— afrontan desde hace años una presión creciente que desborda su capacidad de acogida y recursos, sin que el Gobierno central haya respondido con la implicación que la situación exige.
El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, denuncia no haber recibido todavía ni un solo euro del Ejecutivo central para atender a los menores migrantes, pese a los compromisos anunciados. Mientras tanto, el Govern balear ha tenido que salir al rescate del Consell de Formentera, que carga con la responsabilidad de tutelar a 128 menores que debe derivar mayoritariamente —alrededor de un centenar— a Eivissa y Mallorca por falta de capacidad, aunque corriendo con los gastos correspondientes.
Resulta preocupante que una cuestión de alcance nacional —como es la atención a los menores migrantes que llegan a las costas españolas— se deje en manos de administraciones locales con recursos limitados y estructuras dimensionadas para una realidad muy distinta. La llegada constante de menores requiere una planificación coordinada, financiación estable y una política estatal coherente, no soluciones improvisadas o dependientes de la buena voluntad autonómica.
La protección de los menores no es solo una obligación legal, sino también moral
La protección de los menores no es solo una obligación legal, sino también moral. Son niños y adolescentes que, por definición, precisan amparo, educación y acompañamiento, no la incertidumbre derivada de la falta de previsión o de financiación. Si las instituciones insulares han de garantizar su tutela, el Estado debe garantizar los medios para hacerlo.
El Gobierno debe asumir su papel y establecer un marco de cooperación real, con fondos transferidos y mecanismos de respuesta rápida ante la llegada de menores. No se trata de una cuestión de competencias, sino de responsabilidad. Dejar solas a las administraciones que están en primera línea no solo es injusto, sino que compromete la eficacia y la humanidad de todo el sistema de protección.
