El conflicto de las escoletas públicas 0-3

Asisto pasmado cada día al artificioso conflicto articulado por CCOO en las escoletas de titularidad municipal que son gestionadas por contratas privadas mediante adjudicación en procedimiento público de libre concurrencia.

Precisamente este sindicato es el único que no firmó el pasado 5 de marzo el nuevo Convenio Colectivo Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, suscrito por FSIE, UGT y USO y las patronales del sector, revisando los salarios que llevaban años congelados.

Es habitual que los sindicatos minoritarios de cualquier ámbito pretendan obtener el protagonismo que los trabajadores no les han concedido en las elecciones sindicales, mediante acciones llamativas, y este caso no es una excepción. Hay que hacer ruido para que se note que existimos.

Más allá de que se pueda estar de acuerdo en que la retribución del personal educador de las escoletas de Balears es a todas luces insuficiente en una comunidad con el nivel de vida de la nuestra, lo cierto es que, por una parte, hay un convenio recientemente negociado y firmado por los representantes legales de esos trabajadores -pendiente de publicación en el BOE- y, por otra, es completamente falso que los responsables de esta situación sean los ayuntamientos, hacia los que parece dirigirse la estrategia de CCOO, como si se tratase de empleados públicos. Y no es así.

Aunque las consecuencias de la huelga planteada en Palma las padezcan el Ayuntamiento y las familias usuarias, estos trabajadores prestan servicios para empresas privadas dedicadas precisamente a presentarse a concursos públicos de diferentes administraciones, normalmente diferentes ayuntamientos.

Por tanto, este es un conflicto privado entre el personal de las denominadas como escoletas “externalizadas” y sus empresas. Lo demás, pura propaganda sindical.

Lo que se pretende, además, es muy peligroso para los propios trabajadores de este pequeño sector. Si, eventualmente, sus empresas -que no hay que confundir con el sector de las escoletas privadas o concertadas- se avinieran a negociar un convenio de ámbito autonómico con los sindicatos, mejorando las retribuciones y otras condiciones laborales de las educadoras (es un sector feminizado, casi al 100%), resultaría que estas empresas concurrirían a los futuros concursos de los diferentes ayuntamientos en inferioridad de condiciones económicas a aquellas otras de ámbito nacional que, o bien aplican su propio convenio de empresa, o bien el convenio estatal. Una misma empresa no puede aplicar diferentes convenios a sus trabajadores en función de dónde trabajen. Se llama principio de unidad de convenio. En pocas palabras, dado que la legislación sobre contratos públicos obliga a las administraciones a adjudicar al mejor postor, lo que pudiera ocurrir es que en el próximo concurso público en Palma y en otros municipios de Balears los actuales adjudicatarios -y sus trabajadoras- pierdan esas contratas y se vayan al paro, en favor de grandes empresas de servicios.

Otra fantasía que se está vendiendo a este sector laboral es la de que, si se firma un convenio autonómico, los ayuntamientos van a tener que mejorar las condiciones económicas de forma inmediata. Eso es completamente falso. Cuando un contrato ha sido adjudicado por un determinado precio, no se puede modificar el mismo salvo causas legales muy tasadas que, además, tendría que validar la intervención municipal. Imaginemos, pues, que las empresas se comprometen a pagar 2x a sus trabajadores y el ayuntamiento solo tiene obligación de pagarles por ese servicio 1x. ¿Cuántas empresas resistirían manteniendo una contrata a pérdida durante meses o años? Otra fórmula asegurada para la destrucción de empleos.

En el fondo, subyace la intención sindical de que los ayuntamientos asuman directamente este personal -mediante algo tan irregular como una “internalización”-, saltándose las reglas de acceso a cualquier empleo público, lo que sería completamente ilegal.

Lo más chusco del asunto es el papel que, sin que nadie se lo haya pedido, han asumido en este conflicto algunos departamentos del Govern, pretendiendo aparecer como ‘salvadores’ de una situación con demasiadas aristas y en el que no ostentan competencia laboral alguna. Zapatero, a tus zapatos.

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