El debate inmigratorio

Cuando los fenómenos demográficos que estamos viviendo se convierten en arma política, no puede esperarse que se haga un análisis sosegado y desapasionado de los mismos. La materia prima con que se confeccionan las propuestas de los políticos son las tripas de los ciudadanos, con lo que no auguro ningún avance en este debate que permita alcanzar los mismos consensos existentes entre la inmensa mayor parte de la sociedad.

Los españoles no son, en general, ni racistas ni clasistas, y creo que entienden bastante bien que para lograr un crecimiento económico y social sostenible en una Europa cuyos ciudadanos cada vez tienen menos hijos es preciso que vengan a trabajar a nuestro país personas llegadas de otras naciones.

Obviamente, lo ideal sería que los que llegasen tuvieran un grado de coincidencia cultural con nuestros valores que facilitara su integración. Así, siempre será más fácil que nos adaptemos mutuamente unos a otros si los recién llegados provienen de otros países europeos o son hispanohablantes.

Pero no siempre eso es posible, especialmente cuando las autoridades comunitarias vienen poniendo tan poco interés o, directamente, fracasando en la regulación de los flujos migratorios de países subdesarrollados hacia el Sur del continente, especialmente de migrantes del Magreb y del África subsahariana.

Ahora bien, concordando que la inmigración es necesaria por una cuestión de supervivencia económica, no es menos cierto que si no se logra la integración de los inmigrados lo que está en peligro es la supervivencia de nuestro modelo social y de nuestra cultura, tesoros que no solo son patrimonio de los europeos, sino de toda la humanidad y que hemos de proteger a toda costa.

Los guetos son abominables y hay que erradicarlos, pero también la pretensión de algunos recién llegados de aislarse de nuestros valores es sencillamente intolerable. Por tanto, bienvenida la inmigración si está dispuesta a integrarse -e integrar no significa asimilar o perder la identidad-, y mal venida si pretende otra cosa. Lo que de ninguna manera entienden los ciudadanos españoles es que tengamos que tolerar que, dentro del flujo de inmigrantes, hayamos de soportar inermes a delincuentes habituales, gente violenta y sin escrúpulos que copa a diario las páginas de sucesos, sean rumanos -y, por tanto, comunitarios-,argelinos o de cualquier otro país. En aras de lo políticamente correcto podemos callar y tragar, pero eso es un pasaporte seguro hacia episodios inaceptables como el de Torre Pacheco, con enfrentamientos entre violentos y antisistemas de diverso pelaje. Cada vez nos parecemos más a Francia. En lo malo, claro.

También podemos afrontar la realidad, y asumir que el porcentaje de población delincuente en España es muy superior entre determinadas nacionalidades de inmigrantes que entre españoles. En Cataluña, el 49 por ciento de los delitos proviene de población inmigrada, que constituye el 16 por ciento de la población. La desproporción es evidente y alarmante. Utilizar eso para pontificar que todo inmigrante es un delincuente potencial, como hacen algunos grupos políticos de la derecha populista, es un disparate. Pero ignorar por completo ese dato lo es también.

O empezamos a tomarnos en serio que hay que actuar por vía diplomática devolviendo a sus países a los delincuentes extranjeros -sean de la nacionalidad que sean- y que las naciones pechen con sus propios indeseables, o el problema no hará más que agravarse, y entonces sí que es posible que anide y se extienda el racismo en nuestra sociedad.