Una de las mayores preocupaciones que afectan a los españoles, en especial a los habitantes baleares -dada su carestía, su escasez, y las limitaciones del territorio insular-, es el acceso a la vivienda. Pero solucionar hoy con acierto la falta de vivienda requiere emprender el camino contrario al recorrido por nuestros políticos hasta la actualidad.
Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho civil de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y fundador de la Cátedra de Vivienda de la UNESCO, ha declarado en reciente entrevista que el principal problema de las medidas legislativas adoptadas en España es que la mayoría estaban fundamentadas en condicionantes ideológicos y no en un estudio profundo de las causas del problema habitacional. Ello nos lleva a que, casi veinte años después de la gran crisis financiera de 2007-2008, estemos aún peor que en aquellos dramáticos momentos.
Cree el profesor Nasarre que la foto actual sobre la vivienda en España es consecuencia de una políticas erráticas, incoherentes y equivocadas. “La tormenta perfecta” las ha llegado a llamar. Porque el Estado legisló en sucesivas ocasiones sin consultar con las Comunidades Autónomas y los Municipios, y porque también Europa -desde diciembre de 2025- piensa intervenir en la materia (a través del llamado “Affordable Housing Plan”, o Plan de Vivienda Asequible) que no va a aportar nada nuevo y complicará aún más la ya desquiciante situación.
Cuenta Nasarre que las sucesivas Leyes estatales, la 1/2013, la 5/2019 y la 12/2023 (la primera aprobada por Rajoy, y las otras dos por Sánchez) han conseguido que las familias de clase media hacia abajo no puedan comprarse una casa porque no pueden acceder a la financiación necesaria para ello. Y es que el pánico financiero derivado de la crisis de 2007 hizo que aparecieran excesivas restricciones para el acceso al crédito, que han abocado a muchas familias al mercado del alquiler. Y éste siempre ha sido en España más precario, escaso y caro que el de la compraventa, imposibilitando además que la gente genere una hucha inmobiliaria con la que poder afrontar nuevas compras o mejorar su vivienda en el futuro. Es evidente que el dinero invertido en alquiler se va para los inquilinos al cubo de la basura, mientras que el de la hipoteca redunda en un ahorro inmobiliario.
Al final opina Nasarre que los países que apostaron por el mercado del alquiler y no por la propiedad concentran la vivienda en menos manos, de gente más rica y en fondos de inversión, y encima dichas sociedades (en especial las nórdicas) padecen un sobreendeudamiento familiar que casi triplica el de Italia, Malta, Portugal o España. Repartir la propiedad privada lo máximo posible entre las familias, que es lo contrario de lo que se ha fomentado legislativamente en España en los últimos veinte años, hubiera funcionado mejor que obligarlas a alquilar.
Tampoco cree el catedrático catalán en la bondad de las medidas anunciadas por el Gobierno (bonificaciones fiscales en IRPF o sociedades públicas de alquiler), ya que la inseguridad jurídica generada por okupas e inquiokupas y las dificultades para su rápido desalojo desincentivan introducir propiedades en el mercado. Como profesor de Derecho Civil, piensa Nasarre que no se puede tener un ordenamiento jurídico con semejante caos e inseguridad.
Las soluciones al problema vendrán por la liberalización de suelo, por la simplificación de trámites administrativos y por la introducción de soluciones ingeniosas, como la propiedad compartida o la propiedad temporal, en las que las personas puedan comprar un porcentaje o un tiempo de propiedad de una vivienda sin sobreendeudarse en más de lo que puedan pagar.
P.D. La voraz Hacienda Pública podría también colaborar en el abaratamiento de la vivienda, y dejar de cobrar el aproximadamente diez por ciento del precio que suelen costar los impuestos a los agobiados compradores. Los más altos de toda Europa. Una verdadera barbaridad.
