El GOB ha publicado un nuevo texto en su sitio web en el que pide claridad en las respuestas de la administración en materia urbanística. En referencia a las contestaciones dadas por el Consell a la denuncia publicada por la organización en relación a las posibles ampliaciones urbanísticas sin investigar en la zona descalificada del Parc de s'Albufera des Grau, el GOB critica ahora en un nuevo escrito que estas respuestas no han hecho sino complicar más la situación.
En dicho texto, se recuerda las supuestas ampliaciones en chalets de la zona de s'Albufera en septiembre de 2014, que el GOB detectó y denunció ante el Consorcio de disciplina urbanística con la intención de que se investigara el caso. Después de cuatro meses sin recibir respuesta, se escribe de nuevo al Consorcio pidiendo consultar los expedientes. En enero de este año el GOB recibe respuesta de la administración, en la que se explica que "en cumplimiento de los criterios de inspección establecidos y al efecto oportunamente aprobados por parte de la Junta de Gobierno de esta administración, aún no han podido ser objeto de las correspondientes actuaciones de inspección". El documento clarifica así mismo que "en su momento serán debidamente informados de las inspecciones que, en su caso, se puedan derivar de las denuncias señaladas".
El GOB habría tratado de comunicarse de nuevo con el Consorcio con el objetivo de conocer dichos criterios de inspección, sin recibir respuesta. Tras las declaraciones del Consell hechas públicas la semana pasada, el GOB teme que las supuestas inspecciones llevadas a cabo en septiembre del año pasado se hubieran hecho sin levantar acta. "Si en septiembre se hicieron inspecciones, por qué en enero se dice que no se han hecho?", manifiesta la organización.
De todo esto, el GOB extrae dos posibles conclusiones; la primera, que tales actuaciones puedan estar condicionadas "por unos preocupantes acuerdos que el Consorcio firmó el 8 de mayo de 2013, que prevén la suspensión temporal del procedimiento administrativo disciplinario en determinados casos de asentamientos en el medio rural". Advierte de que dichos acuerdos fueron advertidos como ilegales por parte del asesor jurídico.
La segunda conclusión, es que es necesario dotar al Consorcio de más medios. "Porque un organismo dedicado a la disciplina urbanística no se puede permitir esperar más de seis meses para abrir un expediente, bajo el peligro de perder su razón de ser", concluye la organización.
