Pese a las advertencias de la Comisión Europea, el Ejecutivo presidido por Marga Prohens reafirma su intención de sostener esta prohibición, incluida en el decreto ley de contención turística, aprobado en abril de 2025.
El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha sido tajante este martes en los pasillos del Parlament: “Ni un paso atrás y veremos si se proponen sanciones”. Con esta declaración, el Govern asume abiertamente el choque con las instituciones europeas, que han cuestionado la legalidad y proporcionalidad de la medida.
Desde el Ejecutivo autonómico defienden que la prohibición responde a un problema estructural del archipiélago: la falta de vivienda. Bauzá ha insistido en que limitar la creación de nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares es clave para aliviar la presión del mercado residencial y evitar conflictos de convivencia entre turistas y residentes en un mismo inmueble.
Sin embargo, la Comisión Europea no comparte este enfoque. Bruselas ha rechazado los argumentos presentados por el Govern hace meses y plantea alternativas, como la aplicación de criterios de zonificación en lugar de una prohibición generalizada. A juicio de las autoridades comunitarias, una restricción total podría vulnerar principios del mercado interior.
Pese a ello, el Govern se mantiene firme. Bauzá ha defendido que la problemática del acceso a la vivienda no es puntual ni localizada, sino que afecta al conjunto del archipiélago, lo que justificaría una medida de alcance global y no segmentada por zonas.
En este contexto, el papel del Gobierno central sigue siendo una incógnita. Según el conseller Bauzá, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no se ha pronunciado sobre este conflicto, aunque el Govern confía en que, llegado el momento, respalde la posición de Baleares.
El choque con Bruselas abre ahora un escenario incierto, en el que no se descarta la apertura de un procedimiento sancionador si la Comisión Europea considera que la normativa balear vulnera el marco comunitario. Entretanto, el Govern se reafirma en su estrategia de frenar el crecimiento turístico para intentar contener la crisis de vivienda.
