El Grupo Popular Municipal en Sant Josep ha considerado “lamentable” que el PSOE “defienda lo indefendible” y, ante las críticas, justifique ahora el sistema de subasta a mano alzada utilizado para adjudicar los lotes en las playas del municipio.
Para los populares, ante el enfado del sector turístico y de toda la sociedad, “resulta vergonzoso” que el PSOE descargue sus culpas asegurando que el Ayuntamiento perdió 1 millón de euros con el sistema empleado en 2012.
"Resulta sorprendente y demuestra que van a la desesperada, ya que el equipo de gobierno de Sant Josep malgasta su tiempo calculando la diferencia entre el precio de adjudicación del canon de playas del año 2012, con una subasta a sobre cerrado, frente al precio definitivo de contratación”, según la portavoz Neus Marí.
El PP ha recordado que por ahora “no están firmados los nuevos contratos, ni abonados, por lo que también podrían producirse renuncias en esta licitación”. El PSOE precisamente justifica el uso del polémico sistema de subastas asegurando que con el anterior hubo unas 15 renuncias.
“Esta pataleta del PSOE nos da la razón a todos los que hemos criticado el sistema elegido. En el caso del Grupo Popular municipal, desde el momento en que se planteó dijimos que el tipo de subasta a mano alzada que pretendía utilizar el equipo de gobierno fomentaría la especulación y el encarecimiento de las playas. El PSOE debería ver que no se puede justificar el aumento de ingresos para las arcas municipales a costa de vender las playas al mejor postor”, reitera Marí.
“El conocimiento de cómo se desarrolló la licitación del año 2012 es lo que hacía prever que, ante el interés económico por determinadas playas, se podían elevar las cantidades más allá de su viabilidad económica”, lamenta el PP.
Según Marí, la licitación del año 2012 fue un procedimiento “claro y limpio” y la realidad es que en comparación con otros procesos anteriores, apenas se presentaron recursos ante los tribunales. En las bases de 2012 estaba previsto que en unas condiciones concretas se podía llevar a cabo una cesión o traspaso de la concesión, pero siempre por el mismo precio de la adjudicación, por lo que el Ayuntamiento percibió la misma cantidad económica. Además, el hecho de renunciar a un lote provocaba que el postor tuviera que renunciar a todos los lotes a los que optaba, tal y como se contempla en la licitación actual.
“Una vez más se demuestra que sólo les interesa la cuestión económica y nada dicen sobre el perjuicio social que todo lo sucedido tendrá para empresas familiares del municipio”, afirma Marí.
